La Junta de Castilla y León cree que es el "desmantelamiento completo"

La decisión del Gobierno de devolver determinados documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca a la Generalitat de Cataluña provocó una dura reacción de la Junta de Castilla y León. Su vicepresidenta, María Jesús Ruiz, calificó de "desmantelamiento completo" del centro. Ruiz acusó al Ejecutivo de anteponer "intereses partidistas" al interés general. En la rueda de prensa celebrada al final del consejo de gobierno de ayer, la vicepresidenta utilizó la sorna para calificar de "una buena noticia" para la región el anuncio de la ministra y el estilo con el que José Luis Rodríguez Zapatero resume "su primer año de balance" en esta comunidad.

Al margen de estas declaraciones, la Junta acordó solicitar una audiencia al Gobierno central, previa a la aprobación del anteproyecto por parte del Consejo de Ministros, para fijar la salida de los documentos en litigio. Una decisión similar tomó también el Ayuntamiento salmantino, que desmontó hace varias semanas las vallas puestas por él mismo y que impedían el acceso al edificio.

"Olvido y exclusión"

Silvia Clemente, consejera de Cultura de la Junta, dijo que el Gobierno regional se sentía "olvidado y excluido, de manera voluntaria y a lo largo de todo este proceso que culmina ahora en un proyecto de ley", en cuya redacción "no se ha escuchado ni a la comisión de expertos ni a otros organismos que estaban a favor de la unidad del archivo, "como la Academia de la Historia". Clemente dijo que el proceso se ha llevado a cabo "sin cobertura formal" y recordó que la ministra Carmen Calvo "se negó a hablar con Castilla y León, alegando que el interlocutor válido era el patronato, al que tampoco se ha consultado" a la hora de decidir, a pesar de que se trataría de un trámite "preceptivo".

Silvia Clemente, que hoy estará en Salamanca presidiendo algunos de los actos programados con motivo del 250º aniversario de la plaza mayor de la ciudad, adelantó que las acciones jurídicas que pueda poner en marcha el Gobierno regional "estarán en la línea del tipo de defensa que se ha venido planteando hasta la fecha", como la petición a la Unesco de incluir el contenido y el continente del archivo en el registro internacional de fondos y colecciones bibliográficas de este organismo, y el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado 21 de marzo que pide la inmovilización de cualquier documento.

La consejera dijo que en este momento no es posible concretar más las medidas legales que piensan llevar a cabo para impedir la salida de documentos, ya que "para que una ley pueda recurrirse en vía judicial, antes debe ser aprobada", cosa que no ha sucedido todavía.