El Gobierno aprueba la devolución a Cataluña de los 'papeles de Salamanca'

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley que permitirá el traslado a Cataluña de los documentos que fueron confiscados por las tropas franquistas a la Generalitat catalana y que están depositados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Con esta decisión, el Gobierno intenta poner fin a una polémica que se inició en la década de los ochenta, cuando el Ejecutivo catalán inició sus demandas para lograr la devolución de esos documentos. La premura en esta aprobación -hasta ayer no se terminó la redacción del anteproyecto- puede deberse al interés del Gobierno en no herir sensibilidades y aprobar el anteproyecto antes del 23 de abril, Día de la Comunidad de Castilla y León y Diada de Sant Jordi, patrón de Cataluña.

El proyecto contempla devolver todos los papeles incautados, tanto los oficiales como los particulares, una posibilidad esta última que se abre también a los documentos de otras comunidades autónomas. La devolución se llevará a cabo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley. La titular de Cultura, Carmen Calvo, justificó ayer la devolución de los papeles a Cataluña porque "no tienen nada que ver con Salamanca, ni con Castilla y León, ni con la guerra civil, sino que son los documentos de debate de la Generalitat y algunos documentos privados".

Este traslado "no es una polémica, sino una justicia que hay que hacer con algunos ciudadanos de este país", recalcó la ministra. Además, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley se creará y pondrá en funcionamiento un Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, en el que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil Española. Este centro documental tendrá gestión y titularidad estatal y para su creación el Ministerio de Cultura tiene prevista una inversión plurianual de 11,2 millones de euros.

El PP, único grupo que se opone

El Gobierno confía en lograr una pronta aprobación de la ley, ya que en el Congreso el único grupo que se opone es el PP. Su portavoz Eduardo Zaplana ha anunciado que presentará una enmienda de la totalidad al proyecto de ley. Esta iniciativa se suma a otras ya presentadas en el Congreso por su grupo; ayer mismo se registró una proposición para que se paralice el proyecto hasta que no se consulte a la Junta Superior de Archivos, al Patronato del Archivo de Salamanca y a la Junta de Castilla y León, trámites que no contempla el Gobierno.

El PP, según Zaplana se opone "radicalmente" no sólo a la desmembración de este archivo, sino de todos. "Un país que se precie defiende la unidad de sus señas de identidad, de sus archivos, de sus museos. No habría archivos ni museos si el criterio fuera el de fractura y la división del legado de los españoles". En la misma línea se ha manifestado Ángel Acebes desde Oviedo. En su opinión, la decisión del Gobierno socialista es "un paso más" del acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "La destrucción del patrimonio común forma parte del guión del acuerdo con los independentistas vascos y catalanes", ha denunciado el ex ministro.

El presidente de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, ha calificado la decisión de "escándalo democrático y disparate histórico". En su opinión, esta medida es "una ventanilla abierta a todo tipo de reclamaciones que van a llevar al final del Archivo". Muy distinta ha sido la lectura que ha hecho el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Francesc Vendrell, que ha juzgado "razonable" el traslado y ha opinado que "es perfectamente posible mantener la unidad de archivo con que los legítimos propietarios puedan tener los documentos originales".