El Gobierno aprueba hoy el retorno a Cataluña de los 'papeles de Salamanca'

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el anteproyecto de ley que permitirá el traslado a Cataluña, desde el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, de los documentos que fueron confiscados a la Generalitat catalana, según informó ayer en Toledo la ministra de Cultura, Carmen Calvo. La noticia fue recibida con satisfacción en Cataluña y con alarma en Castilla y León. El Grupo Popular en el Parlamento pidió la paralización "inmediata" del proyecto, al considerar preceptivo que antes se informe al patronato del archivo, trámite que fue desestimado por el Ministerio de Cultura.

Carmen Calvo confirmó ayer en Toledo que el anteproyecto de ley está ya listo y podría aprobarse hoy en el Consejo de Ministros. La premura en esta aprobación -hasta ayer no se terminó la redacción del anteproyecto- puede deberse al interés del Gobierno en no herir sensibilidades si se aprobara el 22 de abril, víspera del Día de la Comunidad de Castilla y León. Esta fecha fue anunciada hace unos días por la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, quien indicó que tenía el compromiso del Gobierno de que el anteproyecto se aprobaría antes del día 23 de abril, Diada de Sant Jordi, patrón de Cataluña. Aunque aún pueden surgir sorpresas de última hora, se prevé que para evitar echar más leña a un fuego que crepita desde hace meses, el anteproyecto será aprobado hoy.

Según señaló Carmen Calvo, la decisión de devolver los papeles, lejos de ser motivo de una nueva polémica, responde al compromiso tomado a finales del año pasado. "Habíamos dicho que esto es lo que íbamos a hacer, y lo cumplimos. Lo dijimos en diciembre y ahora lo ejecutamos", indicó la ministra. "No queremos tener una herida abierta más tiempo entre los españoles".

"Todos" los papeles

La devolución se producirá tras la aprobación definitiva de la ley en el Congreso y, en palabras de la ministra, "atendiendo a las razones de la historia y al expolio que significó para la Generalitat, un Gobierno legal y legítimo de la España democrática de la Segunda República". "La historia", añadió, "no se puede cambiar".

Los documentos que saldrán del Archivo de la Guerra Civil, según Calvo, "no tienen nada que ver con Salamanca, ni con Castilla y León, ni con la Guerra Civil. Son documentos de debate de la Generalitat y documentos privados". Entre estos últimos figuran, según recordó, "cartas de amor de alguien que le dice a su mujer 'soy comunista y cuando vuelva me casaré contigo'. Esta carta sirvió para que le fusilaran". Ahora, argumentó Calvo, algunos familiares pueden querer tener esa carta en casa, y "eso no es una polémica, eso es justicia".

Precisamente, el tema de si lo que se devolverá a Cataluña serán sólo los documentos oficiales de la Generalitat o también los documentos de particulares y entidades ha estado estos últimos días en el centro del debate en Cataluña. La consejera de Cultura, Caterina Mieras, confirmó el pasado miércoles que el anteproyecto afecta a "todos los documentos", si bien la devolución se realiza de Gobierno a Gobierno, es decir, desde el Gobierno central al autónomo, y será después la Generalitat la que decida si se distribuyen, y cómo, los documentos a los particulares que así lo soliciten.

En el primer borrador del anteproyecto que pudieron consultar los partidos políticos hace pocas semanas esta situación no estaba tan clara, ya que se excluía a los particulares y entidades. La Comisión de la Dignidad, una plataforma cívica que reclama la devolución íntegra de los papeles desde hace años, alertó la pasada semana de que el anteproyecto hacía distinciones y sus alegaciones y peticiones fueron recogidas y apoyadas por Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència i Unió (CiU), cuyas posiciones han sido también asumidas por el departamento de Cultura del Gobierno tripartito catalán. Finalmente, en el anteproyecto que se ha redactado esta semana se han recogido estas peticiones y el documento afecta no sólo a los papeles institucionales, sino también a los de particulares y entidades.

"El éxito de la negociación del departamento de Cultura ha radicado en la unidad de acción de todos los partidos catalanes", señaló ayer el parlamentario de ERC Joan Tardà, que mostró la satisfacción de su partido por el éxito de esta negociación que, presumiblemente, si no hay un aplazamiento de última hora, permitirá que hoy se apruebe el anteproyecto de ley. "Lo que se ha conseguido es lo que siempre se había pedido", indicó Tardà. "El retorno de todos los papeles a la Generalitat, tanto los oficiales como los de las personas físicas y jurídicas a las que les fueron arrebatados".

Josep Cruanyes, miembro de la Comisión de la Dignidad, se mostró satisfecho y señaló que con el retorno "el daño moral podrá ser restituido, pero nunca el material", puesto que "se destruyó la gran mayoría". Cruanyes insistió en que la comisión "no entendería otra solución que la devolución íntegra" para poder llegar a una "solución completa y satisfactoria para toda Cataluña", informa Europa Press.

El presidente catalán, Pasqual Maragall, de visita oficial en Turquía, calificó de "positivo" el anteproyecto de ley, a su llegada a Estambul.

Si ayer hubo satisfacción en casi todos los partidos catalanes por este anuncio, aunque algunos como CiU han anunciado que se reservan el derecho a introducir enmiendas si el anteproyecto aprobado no responde a sus expectativas, en el Partido Popular la reacción fue divergente. Según informa Efe, el portavoz del PP en el parlamento catalán, Francesc Vendrell, consideró "lógico y razonable" que los papeles "estén en su lugar de origen", lo que, a su juicio, "no impide el mantenimiento de la unidad del Archivo". Con todo, Vendrell evitó pronunciarse sobre cuál será la posición de los diputados del PP catalán cuando tenga que votarse este proyecto en el Congreso: "Cuando toque, ya hablaremos. No adelantemos acontecimientos, primero queremos analizar el articulado".

Paralización

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, sin embargo, presentó ayer una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a que, "con cáracter previo" a la aprobación del proyecto de ley, "se dé la preceptiva audiencia, consulta y autorización a la Junta Superior de Archivos, al patronato del Archivo de Salamanca y a la Junta de Castilla y León y se proceda, si fuera el caso, a la paralización inmediata del citado proyecto de ley cualquiera que sea su estado de tramitación". Según un portavoz del Ministerio de Cultura, al tratarse de un anteproyecto de ley no es preceptiva esta consulta previa.

La Junta de Castilla y León también remitió ayer al Gobierno una solicitud para que se incorpore al expediente un informe de la Junta General de Archivos, contrario a la devolución de los papeles. Esta petición se basa en una ley de 1997, según la cual todos los anteproyectos de ley que se lleven al Consejo de Ministros deberán incluir las alegaciones y el contenido de las audiencias que se produzcan sobre el tema objeto de la resolución.