Los inspectores de Sanidad admiten ante el fiscal que no hablaron con los médicos

Los inspectores de la Consejería de Sanidad de Madrid que elaboraron entre el 9 y el 21 de marzo un informe sobre supuestas sedaciones irregulares en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) reconocieron ayer en la Fiscalía de Madrid que no habían hablado con los médicos de los 25 casos en los que se habían observado incidencias en la sedación. De estas incidencias, ocho lo son por sedación "no indicada o dudosa". El resto se refiere a dosis que no se ajustan a las recomendaciones del hospital, información deficiente en la historia clínica, discrepancias sobre el fármaco usado, un retraso en la sedación e incluso seis casos de sedaciones no realizadas.

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se basó en ese informe para destituir como coordinador del servicio de Urgencias a Luis Montes y a todo el equipo directivo de este hospital por "irregularidades administrativas", "caos organizativo" y "pérdida de confianza".

Los seis investigadores -entre ellos, tres especialistas médicos- ratificaron ayer el contenido del informe ante el fiscal del caso, Pedro Martínez. La Fiscalía de Madrid va a requerir a Lamela para que le haga llegar urgentemente otro informe realizado por una nueva comisión de expertos, que ni siquiera se ha formado aún, y que va a revisar estos 25 casos para dictaminar si hubo mala praxis médica.

El informe de los inspectores, basado en las actas de la Comisión de Mortalidad (un grupo interno del hospital que revisa las causas de los fallecimientos en el centro), concluye que se han detectado irregularidades administrativas en las urgencias y que no pueden "afirmar ni descartar" mala praxis médica. Fuentes de la Fiscalía han indicado que de la lectura de ese informe no se desprende ninguna infracción penal.

Denuncia anónima

Aparte del informe de la Consejería, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga en la actualidad la denuncia anónima que originó las actuaciones de Lamela. En ella se acusaba al ex coordinador de Urgencias de haber causado hasta 400 "homicidios" en los últimos tres años por sedaciones excesivas o inadecuadas.

La nueva comisión encargada por el fiscal aún no se ha constituido. En función de las conclusiones de este informe, los fiscales estudiarán los siguientes pasos a seguir: o bien archivan las diligencias porque entienden que no hay delito o bien desarrollan nuevas pesquisas, entre las que, en su caso, estaría citar a los médicos que han intervenido en los tratamientos de esos 25 casos.

El interrogatorio de los seis inspectores empezó en la sede de la Fiscalía de Madrid hacia las diez de la mañana de ayer. Según fuentes cercanas a la investigación, los técnicos coincidieron en señalar que se basaron en los documentos clínicos de los pacientes y que, entre ellos, descubrieron 25 casos de enfermos a los que se administró una sedación "irregular, excesiva o inadecuada". Añadieron que no pudieron contrastar sus pesquisas con los médicos que habían cuidado de esos enfermos y prescrito los tratamientos. Y admitieron que si hubiesen podido contrastar sus datos con ellos habrían descartado, o confirmado, si estaban o no ante un caso de mala praxis médica.

Los inspectores aludieron, por ejemplo, al caso de dos pacientes a los que se aplicó sedación pese a hallarse ambos en coma arreactivo. Según los inspectores, "en teoría" la sedación no está indicada en un caso de coma arreactivo, aunque la Sociedad Española de Cuidados Paliativos no lo descarta cuando se produce una agonía con disnea [ahogos].

En otros casos se encontraron con el problema de que el historial clínico no estaba completo o que en él no se explicaba por qué se administraba la sedación. Es decir, que no se respetaron las recomendaciones del centro al respecto. Si se hubiese seguido el protocolo, según los inspectores, en la documentación clínica debería constar la motivación, pero en esos casos no consta porque no se siguió. Por eso calificaron estos 25 casos como casos "dudosos". Pero tal carencia de documentación no supone, a priori, una actuación irregular. "Si hubiésemos podido hablar con los médicos, podríamos haber confirmado si era o no mala praxis", indicaron varios de ellos.

El protocolo es un conjunto "de recomendaciones", de reglas a seguir en determinados casos, "pero no una imposición ineludible", señalan fuentes sanitarias. "Incumplir ese protocolo no es una infracción penal", subrayaron, por su parte, fuentes cercanas a la investigación. El del hospital de Leganés fue realizado el 22 de marzo de 2004, una fecha posterior a la de algunos de los casos bajo sospecha.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado el lunes al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para que le informe de las diligencias. Para Conde-Pumpido, "de momento, no hay indicios delictivos" en la actuación de los responsables del servicio de Urgencias, sino sólo "cuestiones administrativas".