Terroristas en Guantánamo, inocentes en Europa

Tres años y dos meses después de que Guantánamo abriera sus puertas a los detenidos en el marco de "la lucha contra el terror", unos 540 "combatientes enemigos" continúan enfundados en el mono naranja de la base militar, según datos del Pentágono. El goteo de liberaciones de los últimos meses ha puesto en la calle a 149 personas. Y unos setenta han sido entregados a sus países de origen, sin que ninguno de ellos haya sido condenado hasta el momento. Han corrido una suerte desigual dependiendo de su procedencia: los europeos quedaron en libertad al poco tiempo de abandonar Guantánamo. Los demás, procedentes en su mayoría de Pakistán, permanecen detenidos indefinidamente sin que se hayan presentado cargos en su contra, o a la espera de juicio.

"La suerte que corran depende de si son de países que respetan los derechos fundamentales y de la capacidad de negociación de cada Gobierno frente a EE UU. Londres no puede permitirse tener a nueve inocentes encarcelados; la sociedad se echaría a la calle. De hecho, 200 diputados británicos firmaron en apoyo de la demanda al Supremo de EE UU para que se revisaran los casos de los presos de Guantánamo. Pakistán y otros países sí se lo pueden permitir", sostiene Michael Ratner, vicepresidente del Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York, cuyos abogados interpusieron la demanda que dio lugar al fallo del Supremo en julio pasado.

En Pakistán, hace seis meses que 34 ex presos de Guantánamo esperan una acusación que justifique su estancia entre rejas. "Es un problema político, no jurídico", asegura desde Islamabad Atif Alí Jan, el abogado de los detenidos paquistaníes. "Al principio les acusaron de desorden público, el delito que utiliza el Gobierno para encarcelar a los presos políticos durante tres meses, pero ahora están detenidos sin cargos".

Presión estadounidense

Para Jan, esta situación responde a la presión que EE UU ejerce sobre Islamabad. "Desde el caso de Mehsud, Washington decidió que no se liberase a los presos transferidos. Son argumentos extrajurídicos". Jan hace alusión al caso de Abdulah Mehsud, un paquistaní, que tras ser liberado de Guantánamo en marzo de 2004, dirigió el secuestro de dos ingenieros chinos cerca de la frontera afgana. Este joven abogado defiende además a otros 50 paquistaníes que llegaron a su país procedentes de Shibirgan, la prisión en la que fueron encarcelados 200 paquistaníes por el Ejército de EE UU durante la guerra. "Muchos habían ido a Afganistán por negocios, otro había ido a un viaje de oración", añade.

Los 35 presos llegados desde Guantánamo se quejan de las condiciones de las prisiones paquistaníes, en particular de la falta de atención médica. Uno de ellos, que perdió un ojo en Cuba tras ser golpeado por los guardias, según su abogado, no está siendo atendido.

Abdelfettah Zahrach, el letrado de los cinco marroquíes que llegaron el pasado agosto a Rabat, también opina que la suerte que corran los presos entregados por EE UU tiene que ver con la relación que mantengan sus países con Washington y denuncia que sus defendidos, "como muchos otros, sufrieron torturas". "El problema son las negociaciones entre Marruecos y EE UU. El Gobierno de Rabat no explicó a la sociedad por qué están detenidos y por qué les han traído aquí. Todo está rodeado de una gran oscuridad", asegura Zahrach. Tres de los cinco marroquíes están en libertad provisional y los otros dos, a la espera de juicio, que debería celebrarse a finales de este mes.

Los abogados de Guantánamo acusan a las autoridades estadounidenses de emplear un doble rasero para occidentales y árabes a la hora de las liberaciones. Todos los occidentales -a excepción de nueve detenidos con permiso de residencia en el Reino Unido, dos en Dinamarca y otro en Suecia, y un canadiense- abandonaron Guantánamo. "No hay razones jurídicas que justifiquen estas decisiones", sostiene Gitanyali Gutiérrez, abogada de tres detenidos que pasaron más de dos años en la cárcel estadounidense. Dos de ellos, británicos, fueron liberados "porque Londres presionó lo suficiente", según Gutiérrez. El tercero, qatarí, continúa en la base.

Ratner denuncia que hay "diferencias significativas en el trato a los occidentales y el resto de presos en Guantánamo. Para empezar, los occidentales tenían un acuerdo por el que incluso si eran juzgados por un tribunal militar no se les aplicaría la pena de muerte". El problema es que, por ejemplo, los saudíes y los afganos "no tienen un país que les defienda y llevan allí [en Guantánamo] más de tres años sin una acusación. Es increíble que pase esto en el siglo XXI", agrega.

Los abogados de los cientos de detenidos que continúan presos siguen los movimientos del Pentágono, después de que hace más de una semana The New York Times publicara supuestos planes para transferir a más de la mitad de los 540 presos a Yemen, Afganistán y Arabia Saudí. "No nos dijeron nada, ni siquiera nos comunican el nombre de los liberados. Presentamos una nueva demanda ante la justicia, porque por ley tienen que avisarnos si los presos van a ser transferidos". La semana pasada, una juez estadounidense aceptó la petición de 13 reos yemeníes de no ser trasladados a su país.

Los varapalos judiciales, las acusaciones de tortura en el interior del recinto -el Pentágono admite tener documentación relativa a 10 casos de malos tratos- y, sobre todo, las revelaciones de fuentes militares bajo el anonimato a la prensa estadounidense aumentan la presión sobre la Administración de Bush para buscar una salida al limbo legal de Guantánamo.

Según las fuentes citadas por la prensa, el Pentágono exageró la peligrosidad de los presos y ninguno de ellos es líder de Al Qaeda. "Mucha de la gente que hay allí podría haber sido liberada hace un año, porque no tienen información útil para el espionaje

y apenas son interrogados", sostiene en la misma línea Kenneth Hurwitz, del programa de derecho y seguridad Human Rights First, la organización estadounidense que destapó la red de prisiones secretas que EE UU mantiene en varios países.

Mientras, la base militar trabaja en un lavado de cara mediante la construcción de un nuevo edificio dotado de equipamiento más moderno como vallas eléctricas y cámaras de vigilancia. El Pentágono

pretende reducir el coste de la custodia de cientos de detenidos en Cuba y, según los oficiales que desvelaron el proyecto de transferencia masiva de presos, éste se enmarca en el deseo de Washington de compartir la carga económica de los detenidos con otros países.

Hoy, 9.500 militares trabajan en la prisión, que antes de enero de 2002 servía para alojar a los inmigrantes que trataban de llegar a EE UU de forma clandestina. Entonces, apenas trabajaban los militares necesarios para "mantener las luces encendidas", dice un comunicado de Defensa.