Agricultura pone en marcha un plan de control del sector lácteo

El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha un amplio plan para el control en el sector de la producción de leche para poner fin a la entrada en el mercado de materia prima sin cuota, o leche negra. La Administración reconoce que Bruselas ha abierto una investigación sobre este asunto, pero no hay por ahora ningún expediente sancionador.

En este momento, el plan de control diseñado por el nuevo equipo del FEGA supone el seguimiento de la actividad de 657 ganaderos, el 1,7% del total, habiéndose hecho una selección entre las explotaciones que declaran menores rendimientos por animal. Igualmente se ha hecho un cruce de datos entre entregas de leche y censo ganadero de la explotación. La exigencia comunitaria se limitaba al control del 1% de las explotaciones. Entre los primeros compradores, el plan controlará a 225 empresas sobre un total de unos 450 operadores. Otra línea de acción se centra en la inspección de cisternas en el transporte con el control de 948 unidades.

Las declaraciones de producción oficial de leche están siendo las más altas de los últimos años, lo que se interpreta como un afloramiento de la producción que antes se comercializaba como leche negra.

El pasado verano, cuando ya se comenzaban a aplicar medidas más rigurosas de control a la producción, la organización sectorial Productores de Leche (Prolec), radicada fundamentalmente en Cataluña, denunció a Bruselas que en el mercado español se habían comercializado unos 2,7 millones de litros de leche sin cuota, lo que, según sus cálculos, equivaldría a un fraude de 900 millones de euros.

Fuentes del ministerio que dirige Elena Espinosa han señalado que, como ante cualquier denuncia, Bruselas abrió una investigación, pero la misma no ha supuesto ningún expediente sancionador ante el compromiso del FEGA para llevar a cabo unos controles muy superiores a los previstos por la propia inspección comunitaria.

La iniciativa de esta organización fue duramente criticada desde la interprofesional de la leche, que agrupa a productores e industriales, y la sectorial más representativa en el sector, la Federación de Productores Lácteos (Feplac), para quienes la denuncia llegaba tarde, con datos exagerados y sin ningún fundamento.

A raíz de esta denuncia ante la UE, como se hace siempre, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) inició una investigación para determinar el alcance de la misma, recabando datos a la propia Administración española. Igualmente se solicitó la inspección de 88 ganaderos y 97 primeros compradores. Frente a esas peticiones de la Olaf, España puso en marcha un plan mucho más fuerte de controles, que, según coincide el sector, está logrando una mayor transparencia en este mercado.