El Gobierno de Castilla y León inicia una batalla "jurídica y política" por el Archivo

El Gobierno de Castilla y León, que preside Juan Vicente Herrera, acordó ayer plantar batalla "jurídica y política" tras el anuncio de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, de que se devolverán a Cataluña los papeles requisados durante la Guerra Civil y que permanecen en el Archivo de Salamanca. El Ayuntamiento de esta ciudad tratará de impedir la salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil -que fue calificada por el alcalde, Julián Lanzarote, como un "atentado cultural sin precedente"- por estar declarados Bien de Interés Cultural.

La Junta de Castilla y León convocará a todos los presidentes de comunidades autónomas para debatir en Salamanca el futuro del Archivo de la Guerra Civil. Esta reunión será preparada por una reunión previa de consejeros de Cultura, que Silvia Clemente, responsable de la materia en Castilla y León, quiere que se celebre en la primera quincena de enero. Éstas son las principales medidas de carácter político anunciadas ayer tras el Consejo de Gobierno por la vicepresidenta del Ejecutivo regional de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que, además de avanzar otras de tipo jurídico, dijo que el objetivo principal de las mismas es impedir "que se desmantele España".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió ayer a la próxima reunión del patronato del Archivo. "A partir de aquí el Gobierno hará suyo el informe y lo remitirá al Parlamento, que buscará una fórmula jurídica. No sé decir ahora si va a ser orden ministerial, eso es lo de menos", señaló, según informa Europa Press.

La Junta de Castilla y León envió ayer una carta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avisando del inicio de un procedimiento contencioso si optan por devolver los papeles. "España se va desmembrando a través de distintas concesiones que no corresponden al interés de los ciudadanos de Castilla y León y tampoco a la mayoría de los del resto de España", afirmó María Jesús Ruiz. A pesar de reconocer que el Archivo de Salamanca es competencia exclusiva del Estado, la vicepresidenta dijo que su comunidad pretende que "si el Gobierno

no es capaz de ejercer esa competencia, que delegue la misma en Castilla y León, que la defenderá" . A su vez, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ejercerá una serie de medidas para hacer frente "al atentado cultural sin precedente" que supondría la salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil, según el alcalde, Julián Lanzarote. Entre esas medidas figurarán recursos judiciales que señaló que no se hacen públicos "para no dar pistas a aquellos con los que tenemos que ventilar el tema en los tribunales".

El alcalde señaló que "se da una dimensión que no tiene" al vallado del entorno de la sede del Archivo, realizado el miércoles, ya que "solamente se trata de reponer losetas del pavimento", y "ha sido una mera coincidencia", además de ironizar que "la ministra tampoco ha dicho que vaya a venir mañana a por los legajos" . Cuando se le señaló la diferencia de cerramiento con la simple valla habitual en ese tipo de obras, replicó: "En cualquier calle, en mi calle, sin ir más lejos, el otro día para tirar un edificio" se colocó ese tipo de vallado.

El alcalde adelantó que en los próximos días se presentará en la Unesco el informe que se ha elaborado para que ese organismo "conozca lo que está ocurriendo en la ciudad de Salamanca". Según el alcalde, en ese documento se aporta el dato de que más del 80% de los legajos que se contienen en las 507 cajas que reclama Cataluña fue requisado en Madrid, aunque años atrás se agruparon "en el mal llamado fondo de la Generalitat de Catalunya". También se enviarán cartas e informes a la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio, a embajadores en Madrid, universidades españolas, europeas e iberoamericanas, así como fundaciones culturales y academias. El propio alcalde, no como tal sino "como ciudadano común", recurrirá al Procurador del Común de Castilla y León y al Defensor del Pueblo, a los que aportará el aval de las 85.000 firmas individuales y de 200 colectivos.

El PP acusó ayer a José Luis Rodríguez Zapatero de "humillar a los castellano-leoneses", informa Pilar Marcos. "Su Gobierno complaciente con los nacionalistas radicales ha vuelto a someterse a ERC", proclamó Ángel Acebes. El secretario general del PP recriminó a la ministra de Cultura que prohibiera por ley el traslado del archivo de Medinaceli fuera de Andalucía cuando era consejera de esa autonomía "y ahora adopte la posición opuesta". Acebes también recordó que el ministro de Trabajo y diputado por Salamanca, Jesús Caldera, proclamó en distintos mítines electorales que el Archivo saldría de Salamanca sólo "por encima de su cadáver". El ex ministro se preguntó si Caldera seguirá manteniendo aquellas declaraciones. Caldera declaró ayer a Efe que el informe de la comisión de expertos "respeta plenamente la unidad de Archivo", y aseguró que éste recomienda la devolución de algunos documentos porque "pertenecen a una institución legítima, como es la Generalitat".