Los consejeros del PP rechazan el plan del Gobierno para reducir el gasto farmacéutico

Los siete consejeros de las comunidades gobernadas por el PP expresaron ayer a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, su oposición "frontal" a uno de los asuntos principales sometidos a debate en el Consejo Interterritorial: el plan de política farmacéutica del Gobierno. Los consejeros del PP, a los que se unió el representante de Canarias, según aseguraron asistentes a la reunión, mantuvieron su oposición al propósito del Ministerio de suspender el sistema de precios de referencia de los fármacos (el máximo que la seguridad Social está dispuesta a subvencionar) y decretar un descenso del 4% en el coste de los medicamentos para 2005 y del 2% para 2006.

Además, el plan prevé una rebaja de los márgenes de las empresas dedicadas a la distribución, y de las farmacias, por lo que ha sido criticado por los representantes sectoriales, menos el de la asociación de fabricantes de genéricos (Aeseg). También refuerza el papel de la Administración en la formación de los médicos.

El Gobierno asegura que de ese modo ahorrará al Sistema Nacional de Salud más de 500 millones de euros en dos años. El PP sostiene, por el contrario, que con el sistema de precios de referencia ahorrarían más, que el recorte puede afectar a la distribución de fármacos y que no contribuye a fomentar el consumo de genéricos.

Testamento vital

Uno de los pocos asuntos que no suscitó discrepancias fue la creación del registro nacional de instrucciones previas (un documento también llamado de testamento vital). En este texto una persona puede reflejar su voluntad de no recibir algunos tratamientos en caso de que no sea capaz de indicarlo cuando sufra una enfermedad incurable o muy dolorosa. También podrá dar instrucciones sobre el destino de sus órganos tras el fallecimiento.

La regulación de estos documentos -que no permiten solicitar la eutanasia y dejan una puerta abierta a que el médico se oponga- se aprobó en 2002, pero desde entonces sólo 6 de las 17 comunidades lo han regulado: Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Navarra y el País Vasco. La Comunidad Valenciana lo tiene "incompleto", según un estudio de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de salud (Asusalud).

El registro centralizado será propiedad del Ministerio de Sanidad, y tendrá los datos de los testamentos registrados en todas las comunidades. De esta manera todos los servicios autonómicos de salud tendrán acceso a la voluntad de un ciudadano, aunque éste sólo la haya expresado en una comunidad.