El Ejército chileno asume su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos

Por primera vez desde el golpe de Estado de 1973, el Ejército chileno reconoció su responsabilidad institucional en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, dejando de lado las explicaciones habituales hasta ahora, de que los crímenes habían sido "excesos individuales" o "hechos aislados". La inédita admisión de culpa institucional que hizo ayer el jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, recibió el apoyo del Gobierno y se produjo a pocos días de que se conozca un informe sobre 35.000 casos de tortura durante la dictadura pinochetista.

"El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado", sostiene Cheyre en un documento sugestivamente titulado El fin de una visión, que publicó ayer en el diario La Tercera.

El general explica en el texto que, bajo su mando, el Ejército ha tomado medidas para abandonar su concepción centrada en la guerra fría, donde se radicalizaron los conflictos y se impuso una lógica de confrontación, aceptando como legítimos todos los medios de lucha para obtener o mantener el poder. Con "la absoluta certeza de que su proceder era justo", continúa Cheyre, el Ejército actuó en esos años [de dictadura], sin entrar a describir esta actuación. Se pregunta y responde a sí mismo el general: "¿Excusa el escenario de conflicto global descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca, y para nadie, pueden tener justificación ética".

Además de asumir la responsabilidad institucional, el Ejército ha apoyado a los tribunales en la búsqueda de justicia, expresó sus condolencias de las víctimas y ahora ha colaborado con la Comisión sobre la Tortura, "cuyo contenido y conclusiones asumiremos", anticipa. El Gobierno reaccionó con satisfacción ante el documento, cuyo contenido conocía con antelación.

Satisfacción de Lagos

El presidente Ricardo Lagos se declaró satisfecho y orgulloso de que el Ejército señale que ningún contexto justifica los atropellos a los derechos humanos y resaltó el "coraje" de esta institución al reconocer su responsabilidad. "Con este histórico paso, el Ejército de Chile consolida su proceso de integración al Chile democrático", afirmó el jefe del Estado. En el mismo sentido, el presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, calificó el mea culpa de "valiente e histórico".

La admisión de responsabilidad del Ejército que hizo Cheyre es un nuevo paso que aleja a la institución de los 25 años en que su jefe fue el general Augusto Pinochet, e implica un avance respecto del "nunca más" a las violaciones a los derechos humanos que planteó el año pasado. Cuando ha sido interrogado y en entrevistas, Pinochet, en cambio, ha culpado siempre a sus subordinados de los crímenes y ha negado responsabilidad del mando. De hecho, el documento de Cheyre compromete de modo indirecto al ex dictador y puede perjudicarlo en los juicios.

A través del documento, el Ejército se ha anticipado a la reacción de rechazo y al efecto en su imagen que se espera provoque el informe sobre la tortura y la prisión política en la dictadura, elaborado por una comisión presidida por el obispo Sergio Valech. Esta comisión recogió más de 40.000 testimonios, logrando corroborar cerca de 35.000 casos de tortura. La aplicación de tormentos a los detenidos durante la dictadura se practicó en todo el país, en cada cuartel y unidad militar, en más de mil lugares distintos, y el Estado financió, impulsó y silenció esta forma de represión, que en Chile fue masiva.

Una de las conclusiones del informe, según ha trascendido, es que la tortura fue una práctica institucional. Al asumir su propia cuota de responsabilidad en estos delitos, el Ejército se pone adelante entre las instituciones que intentan expiar su pasado.

Sin embargo, el Ejército todavía no ha pedido perdón por los crímenes -hubo alrededor de 4.00l muertos y desaparecidos durante la dictadura-, como sí lo hizo el Ejército argentino, ni ha reconocido que el exterminio de los prisioneros al hacerlos desaparecer fue también una política de Estado.