Cultura defiende no aplicar el canon por préstamos en bibliotecas

El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea que no le obligue a aplicar la directiva de 1992 sobre el pago por el préstamo de libros en las bibliotecas en concepto de derechos de autor. "La situación bibliotecaria de nuestro país arrastra un déficit importante respecto a otros miembros de la UE que sí han aplicado el canon", según una nota difundida el pasado lunes, en la que se añade que "este gravamen frenaría la política de desarrollo en marcha para equiparar el sistema bibliotecario español a la media europea". Esta alegación fue presentada el pasado mes de septiembre.

A partir de ahora pueden pasar dos cosas: que la Comisión Europea acepte la postura española o bien que demande a España ante el Tribunal de Luxemburgo. En caso de perder el juicio, el Estado español sería condenado a pagar diariamente una multa determinada hasta cumplir con la legislación europea, informa Ricardo M. de Rituerto.

Si España se viera obligada a aplicar el canon, "el Ministerio de Cultura tiene la voluntad de buscar fórmulas que impidan que en ningún caso repercuta en los usuarios de las bibliotecas", según la nota del ministerio.

El Defensor del Pueblo recibió anteayer un escrito acompañado de más de 200.000 firmas de usuarios de las bibliotecas públicas en protesta por la posibilidad de que se aplique algún tipo de contraprestación económica por el préstamo de libros en las bibliotecas. El Defensor considera que el canon puede "dificultar o entorpecer las labores de promoción y difusión cultural y educativa que desarrollan las bibliotecas".

La aplicación del canon estipulado por la UE en 1992 ha provocado polémica en España. Los bibliotecarios en general, aunque no todos, consideran que ya se paga por concepto de autor cuando se adquiere el libro; que la tarea de las bibliotecas contribuye a la difusión de autores y obras; que el número de préstamos en España es bajo y que éstos no colisionan con los derechos de autor.

Otros expertos opinan, sin embargo, que el autor es propietario exclusivo de su obra y debe autorizar cualquier uso y exigir remuneración.