Mujeres y pobres, marginados en salud

Las desigualdades en salud por razón de clase social, género, territorio o etnia son "innecesarias, evitables e injustas", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que introduce en esta definición un claro matiz moral o ético. Todos los trabajos sociodemográficos, realizados en los últimos 20 años en cualquier país del mundo y con independencia de su sistema sanitario, ponen de manifiesto que la clase social ocupacional y el nivel de estudios de las personas están relacionados con una mejor o peor salud, expresada tanto en términos de mortalidad, como por la propia percepción de los ciudadanos y por los indicadores objetivos de salud.

Del mismo modo, el territorio o lugar de residencia es un condicionante destacado, incluso con independencia de la situación socioeconómica individual, de tal forma que quienes viven en áreas geográficas con mayores privaciones materiales (peores recursos, servicios, comodidades y medio ambiente) presentan un estado de salud más deteriorado.

A pesar de que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, su estado es peor

Los planes de las CC AA no tienen por objetivo disminuir las desigualdades

Otro de los factores más importantes es el género y a este respecto la población femenina sale menos beneficiada.

Éstas son algunas de las conclusiones más relevantes del VI Informe Sespas 2004, elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y que lleva por título La salud pública desde la perspectiva de género y clase social.

"Es necesario destacar que el conocimiento adquirido en las últimas décadas en España sobre las desigualdades en materia de salud no se ha reflejado en cambios en la política sanitaria. La mayoría de los planes de salud de las comunidades autónomas no incluyen los objetivos destinados a disminuir esas diferencias y existen muy pocos ejemplos de intervenciones que las tengan en cuenta", afirma Carme Borrel, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Borrell forma parte del equipo de editores del proyecto junto con María del Mar García-Calvente, de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, y José Vicente Martí-Boscà, de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

Carme Borrel señala que estas desigualdades son consecuencia de los cambios en las tendencias demográficas recientes: mayor esperanza de vida y reducción importante de la mortalidad, comportamientos reproductivos de la población y movimientos migratorios e inmigración.

A ello hay que añadir que el mayor desarrollo económico de España en los últimos años transformó la estructura social, que pasó de ser sobre todo rural a convertirse en una sociedad urbanizada. Se redujo notablemente el número de agricultores y ganaderos para incrementarse el número de trabajadores de los sectores industrial y servicios. Otro fenómeno importante es la incorporación de la mujer al ámbito laboral fuera del hogar.

Según María del Mar García-Calvente, la clase social y la pobreza son exponentes meridianos que influyen en la aparición de muchas enfermedades y condicionan grandes desigualdades en salud.

"Las clases sociales más desfavorecidas", explica, "y las áreas geográficas más pobres tienen peores indicadores de salud que las clases o zonas con mayor riqueza. La pobreza condiciona un deficitario estado del bienestar y un escaso acceso a la información, así como la aparición de más infecciones, peor alimentación y desfavorables condiciones de salubridad y, en definitiva, más enfermedades y mortalidad".

Igualmente, se observa que si se añade el factor de ser mujer, la situación empeora. Se produce la paradoja en España, según el informe Sespas, de que, a pesar de que la población femenina tiene más esperanza de vida, sus condiciones de salud son en general peores que las de los varones. Ello viene determinado en gran medida por el estrés y la presión del doble trabajo dentro y fuera del hogar. Las mujeres tienen una peor percepción de su estado de salud que los hombres, a pesar de que éstos llevan unos estilos de vida menos saludables.

El sexto informe Sespas propone que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establezca un grupo de trabajo que presente un plan intersectorial de acciones sociales y sanitarias para paliar las desigualdades en salud.

A juicio de José Vicente Martí-Boscá, las políticas que se han de desarrollar "deben tener objetivos bien definidos para movilizar recursos, articular la organización apropiada para gestionar los cambios y establecer mecanismos para la evaluación de las acciones y su impacto".

Martí-Boscá considera necesaria la creación de un Observatorio de Desigualdades en Salud, que coopere en los sistemas de información sanitaria existentes, a fin de que se consideren las variables de clase social y género. "Esto nos debe conducir a un análisis continuo que promueva y difunda iniciativas que favorezcan el desarrollo de políticas de equidad".

La Sespas, sociedad creada en 1985 y perteneciente a sus homólogas europea (EUPHA) y mundial (WFPHA), está integrada por más de 3.500 profesionales pertenecientes a 10 sociedades científicas que engloban los campos de la epidemiología, la salud pública, la medicina, la gestión, la economía de la salud, el derecho sanitario y otras disciplinas sociales y biomédicas.

Rafael Manzanera, presidente de la Sespas hasta mayo de 2003, año en que se desarrolló el informe ahora publicado en Gaceta Sanitaria, revista oficial de la sociedad, desde 1993 esta entidad elabora bienalmente unos informes técnicos que, "desde una perspectiva multidisciplinar, analizan en profundidad el estado de salud y el sistema sanitario español".

Según José R. Repullo, actual presidente de la Sespas, estos documentos, que son elaborados cada dos años por un grupo de más de 70 expertos designados a propuesta del consejo directivo, investigan y analizan temas diferentes.