El Gobierno planteará una ley de salud sexual junto a la reforma del aborto

El Gobierno, que no acometerá la reforma de la normativa sobre el aborto antes de 2006, se plantea acompañar esa modificación con la puesta en marcha de una ley de salud sexual y reproductiva. Ésta incidirá en aspectos como la mejora de la educación sexual en las escuelas para prevenir los embarazos no deseados y la corresponsabilidad de la pareja en la sexualidad. Las cifras de aborto han aumentado un 43% en los últimos cinco años. En 2002 se registraron 77.125 intervenciones de este tipo. La proporción de embarazos que se interrumpen ha subido hasta el 15,6%.

Sin prioridad y posiblemente acompañada. El Gobierno acometerá la reforma del aborto dentro de una amplia modificación del Código Penal que estará lista para su discusión a finales de 2005 o comienzos de 2006, según detalló ayer el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra. La idea inicial es permitir la interrupción sin tener que aducir motivo en las primeras semanas del embarazo (ley de plazos). El Ejecutivo pretende establecer este cambio tras un debate social y político. También se plantea acompañarlo de una ley que garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva, y sirva para mejorar la prevención de los embarazos no deseados. Ambas cuestiones figuran en el programa electoral del PSOE.

Aunque esta segunda iniciativa está aún en mantillas, se prevé que incluya cuestiones como el reforzamiento de la educación sexual en el ámbito escolar, orientada a evitar los embarazos no deseados. También se planteará la concepción de la sexualidad como una responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer, según avanzó a este diario Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Ley integral

Murillo añadió que la idea de partida es dar carácter de ley integral a la norma sobre salud sexual y reproductiva. El peso de la redacción recaerá en el Ministerio de Sanidad. También participarán los de Educación, Trabajo y Justicia. Por su parte, Luis López Guerra matizó que la interrupción del embarazo continuará regulada en el Código Penal y que otras cuestiones relacionadas con él requieren un tipo de tratamiento "completamente separado" de él.

Las cifras del aborto, despenalizado en 1985, han aumentado mucho a partir de 1998. Desde ese año hasta 2002 las interrupciones voluntarias se han incrementado el 43%. La mayor incidencia se da entre las mujeres de 20 a 24 años (14,37 abortos por cada 1.000 mujeres en 2002), seguidas de las 25 a 29 (10,72) y las menores de 19 (9,28). La mitad de los embarazos de adolescentes acaba en aborto.

Los expertos creen que el alza se debe sobre todo a la falta de educación sexual y a las dificultades en el acceso a los anticonceptivos. A estos elementos se suman otros como el incremento de la población (las mujeres inmigrantes suelen tener más dificultades para acceder a la planificación familiar), el adelanto en la edad de inicio de las relaciones sexuales o la mayor aceptación social del aborto.

"Retroceso educativo"

"La educación sexual está en los papeles, pero no en la realidad de las escuelas. En la época de gobierno del PP se abandonó absolutamente este tipo de formación", afirma Isabel Serrano, ginecóloga y directiva de la Federación de Planificación Familiar de España. A su juicio, ese "retroceso" ha contribuido al aumento de los abortos.

Serrano, partidaria de que se apruebe cuanto antes una ley sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, cree que debería abarcar todos los aspectos: desde la salud materno-infantil o la educación sexual hasta la reproducción asistida o el sida. También tendría que "igualar" las prestaciones en las autonomías sobre el acceso a los métodos anticonceptivos y a la posibilidad de abortar gratuitamente.

La federación también considera imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos a practicar abortos. Con ello pretende que se pueda interrumpir la gestación "en todos los hospitales públicos". Ahora se practica en ellos poco más del 2% de los abortos. El 97,53% se realiza en centros privados, según los datos de 2002. También a tenor de ellos, cuatro comunidades autónomas (Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia) carecen de centros públicos donde abortar. A ellos se suma Navarra, donde tampoco existen clínicas privadas para ello.