Empresas, sindicatos y economistas debaten costes

La inminente presentación del Plan Nacional de Asignación de Emisiones, crucial para empresas y consumidores, ha acelerado el debate sobre los costes de cumplir el Protocolo de Kioto, los costes de no cumplirlo y sobre quién, finalmente recaerá la factura.

Así, el presidente de Gas Natural y del Círculo de Economía, Antoni Brufau, aseguró ayer que "hay muchas formas para que la tarifa eléctrica [como advierten algunas empresas] no suba y se solucione Kioto", en alusión al coste que supondrá para el sector energético reducir las emisiones contaminantes. "Comenzar este plan, antes de discutirlo, diciendo que esto lo pagará el consumidor, me parece en cierta manera, demagógico" ya que "hay muchas formas para que la tarifa eléctrica no suba y se solucione Kioto".

Incumplir, caro

Por su parte, el director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola,José Luis del Valle, advirtió de que si España no reduce sus emisiones "podría incurrir en un coste directo muy elevado", que superaría los 1.500 millones de euros, "un 1,1% del gasto público".

Otras voces abogaron ayer por aplazar el cumplimiento. Fue el caso del director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, quien pidió al Gobierno que exija una moratoria de la aplicación de la directiva comunitaria para reducir las emisiones de CO2

, porque aseguró que la aplicación del Protocolo de Kioto supondrá un elevado coste para la economía española y deslocalizaciones empresariales.

Iranzo, que considera que la aplicación del Protocolo de Kioto será uno de los grandes retos a los que se deberá enfrentar el nuevo Gobierno, cifró en 1.500 millones de euros lo que le costaría a España comprar los derechos necesarios para seguir en los niveles actuales de CO2

. Para Iranzo el protocolo es "imposible de cumplir, si no es con un elevado coste en términos de actividad económica y empleo".

Lejos de la opinión del responsable del Instituto de Estudios Económicos, la secretaria general de la Federación de Industrias y Afines (FIA) de UGT, Francisca Sánchez Chinarro, afirmó que los criterios de reparto de los derechos de emisiones para cumplir el Protocolo de Kioto no deben atender sólo a los efectos económicos, sino también al "desarrollo de lo posible y de lo socialmente razonable".

Sánchez Chinarro, recalcó además que se deben incluir en el plan de asignaciones otros sectores no previstos en la normativa actual, como el del transporte, el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera.