El Gobierno aprueba un borrador de plan para cumplir Kioto "pendiente de ajustes"

Los ministerios de Industria y Medio Ambiente están enfrentados. Aunque comparten la idea de que España tiene cumplir con el Protocolo de Kioto, no se ponen de acuerdo en el reparto de esfuerzos. Para cumplir Kioto, España tiene que limitar a un 15% el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en 2008-20012 respecto a 1990. La falta de acuerdo ha aplazado la presentación del Plan de Emisiones previsto para ayer. La Comisión Delegada del Gobierno aprobó ayer un borrador, que aún está pendiente de "ajustes", según precisaron los ministros de Medio Ambiente y de Industria.

El borrador del plan, "pendiente de ajustes", fue aprobado ayer pese a la falta de un acuerdo definitivo entre departamentos para el reparto de derechos de emisión entre los sectores afectados. Medio Ambiente había anunciado el miércoles que el jueves presentaría las líneas generales del Plan Nacional de Emisiones. La conferencia de prensa fue anulada. Oficialmente por problemas de horario ya que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que estudió el borrador del plan, comenzó tarde. Pero hay mar de fondo. El martes, los representantes de Industria y de Medio Ambiente en la comisión interministerial encargada de elaborar el plan mantuvieron serias discrepancias a cuenta del futuro de la minería del carbón, según fuentes al tanto de las conversaciones.

Las diferencias, pese a la apariencia de normalidad, se pusieron de manifiesto ayer al término de la reunión de la comisión delegada, a la que asistieron la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el ministro de Industria, José Montilla. Narbona explicó que la comisión "ha tenido muy poco tiempo hoy para deliberar sobre el borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones y ha alcanzado un acuerdo sobre él, pero hay unas cifras que están pendientes de ajustar". Montilla, por su parte, explicó que "el borrador está bien orientado" aunque pendiente de ajustes y matizó que la comisión delegada simplemente "informa" los proyectos, que no están aprobados hasta que da el visto bueno el Consejo de Ministros.

Plazo hasta el 1 de agosto

La pugna entre departamentos tiene fecha límite: el 1 de agosto. En esa fecha, España tiene que presentar en Bruselas el Plan de Emisiones, con el detalle de cuánto dióxido de carbono puede emitir cada instalación industrial de cada uno de los sectores afectados por la directiva comunitaria: eléctricas, siderúrgicas, refinerías, cementeras, vidrio y azulejo y papeleras.

Todo ello, con un objetivo: que España no emita a la atmósfera, en torno al año 2010, más de 330 millones de toneladas de gases de afecto invernadero (15% sobre la cifra de 1990). Ésta es la parte del esfuerzo que le corresponde a España para lograr que en el periodo 2008-2012, la UE logre disminuir sus emisiones globales en un 8%.

El problema es que España emite ya hoy un 40,43% más de lo que emitía en 1990 y es el país que más se aleja del objetivo al que se comprometió. Así que el actual Gobierno se encuentra con el problema de cómo cuadrar un círculo. Y con todo por hacer, porque el anterior Gobierno del PP, desde el año 1997, cuando negoció el acuerdo (ratificado por unanimidad en el Parlamento en 2002) no hizo nada por cumplir el compromiso.

Ahora, la obligación de recortar emisiones alarma a las empresas, que no podrán sobrepasar los derechos de emisión que les correspondan. Si contaminan más de lo asignado, tendrán que comprar derechos a las empresas que dispongan de ellos o pagar una multa que puede llegar a 100 euros por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera sin permiso.

La discusión parte de unos datos básicos: la mayor parte de las emisiones contaminantes, alrededor de un 60%, proceden de sectores (transporte, agricultura, sector residencial) que no están sometidos a la directiva comunitaria. Por ello, una primera idea, adelantada por la ministra Narbona, es actuar también sobre esos sectores "difusos". Se trata de no hacer recaer todo el esfuerzo en los sectores industriales que sí contempla la directiva y que suponen entre el 5,5% y el 6% de la riqueza del país y emplean a 180.000 trabajadores.

Pero está por decidir cómo actuar en esos sectores "difusos", más allá de intentar cambiar la realidad de un país "en el que no ajustan las ventanas", según afirma el director general de Industria, Joan Trullén. Pero aún actuando sobre sectores en los que hasta ahora no se había pensado, el sector industrial tendrá que asumir esfuerzos. La cuestión es quién y cuántos.

Los sectores industriales incluidos en la directiva suponen el 18% de las emisiones y las eléctricas, el 22%. Las industrias son, además, los primeros clientes de las compañías y recortar mucho sus emisiones podría tener efectos sobre el empleo y sobre la actividad en general. Un gigante siderúrgico como Arcelor (con intereses en Asturias y en el País Vasco) ha amenazado a Bruselas con abandonar Europa si se aplica el protocolo.

El Ministerio de Industria afronta así un delicado problema: si no se actúa de forma notable sobre las industrias, habrá que pedir un esfuerzo a las empresas eléctricas. Y entre las grandes compañías, sólo Iberdrola, bien colocada en producción eléctrica limpia (hidroeléctrica, eólica y gas), cree que el sector puede asumir recortes importantes de emisiones sin encarecer la luz hasta un 15%.