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El PP pide que el apoyo policial a las maltratadas se garantice por ley

El Partido Popular presentó ayer en el Congreso una proposición de ley para garantizar la seguridad personal de las víctimas de la violencia doméstica. Prevé que cada maltratada que cuente con una orden judicial de protección disponga de un plan de seguridad personal. Establece tres niveles de protección, desde el sistema electrónico de alarma a la protección policial permanente. "Se trata de crear un mecanismo capaz de individualizar el riesgo de cada víctima para establecer así una protección eficaz", explicó la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Pastor.

La Proposición de Ley de Garantías de la Seguridad Personal de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género recoge en su exposición de motivos la necesidad de mejorar la protección de las personas maltratadas. Para ello establece en su artículo dos que las víctimas que obtengan una orden de protección "tendrán derecho a contar con un plan de seguridad personal que adecúe las medidas policiales de protección a la situación objetiva y potencial de riesgo existente". Este plan deberá ser elaborado en un plazo máximo de 10 días. Será diseñado por el responsable de la unidad de Policía Judicial correspondiente al domicilio de la víctima y aprobado por el Delegado del Gobierno o por los órganos correspondientes en las comunidades con competencias.

El plan de seguridad personal contendrá "una evaluación del riesgo de la víctima y de los menores y ascendientes a su cargo". Para ello se tendrá en cuenta elementos como el perfil psicosocial del agresor y la existencia de factores que pudieran suponer "una mayor peligrosidad", como el alcoholismo o la drogadicción.

Tres niveles de riesgo

A partir de la evaluación de riesgo, el plan determinará la protección que se otorga. La proposición establece tres niveles. El ordinario supone la puesta a disposición de la víctima de sistemas electrónicos de protección, como dispositivos de seguimiento y mecanismos electrónicos de alarma instantánea. El nivel alto añade a esos dispositivos el establecimiento de vigilancia policial "aleatoria e intermitente" del domicilio y el centro de trabajo. En cualquiera de los niveles, cada víctima tendrá un agente de seguridad personal asignado que será su interlocutor en todo lo concerniente a su seguridad personal.

Ana Pastor declinó comentar el parecido de su proposición con el texto del protocolo de actuación policial que hoy prevé aprobar la comisión de seguimiento de la orden de protección, consensuado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, los ministerios de Interior y Justicia y la fiscalía del Estado. Ese borrador se envió a las ocho comunidades autónomas con competencias en Justicia. Según Pastor, la proposición obedece al anuncio del PP de que presentaría iniciativas si el Gobierno se retrasaba en aprobar la ley integral contra la violencia doméstica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de junio de 2004