La policía protegerá a cada víctima del maltrato de manera individualizada

Las víctimas de la violencia doméstica recibirán una protección policial individualizada, en función del riesgo de cada una. Así figura en el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad consensuado por los ministerios de Justicia e Interior, la fiscalía del Estado y el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial. La comisión de seguimiento de la orden de protección prevé aprobar hoy este texto, que establece también que la policía pueda implantar medidas de protección desde el momento en que se presenta la denuncia, sin esperar a que el juez otorgue la orden de protección.

El protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, al que tuvo acceso EL PAÍS, afectará a la policías nacional, local, autonómica y Guardia Civil, según una fuente que ha intervenido en su elaboración. El texto, consensuado por los ministerios de Interior y Justicia, el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial y la fiscalía del Estado, regula la actuación policial inmediata "desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia de violencia doméstica". Con él se quiere evitar que la descoordinación entre jueces y policías provoque la desprotección de las víctimas. Además, acaba con la pugna sobre a quién corresponde decidir el nivel de riesgo y protección, tarea que queda asignada a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A partir de ese instante, los agentes deben investigar para poder determinar "la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la víctima". Además de tomar declaración tanto a ella como a los testigos, deben recabar información de los vecinos y personas del entorno de la víctima sobre malos tratos anteriores, así como verificar la existencia de denuncias o intervenciones policiales anteriores.

También en el primer momento, los agentes valorarán el riesgo de la víctima, a la que se le facilitarán los datos y el teléfono de contacto "directo y permanente" con el o los funcionarios "asignados para su atención individualizada". También se le dará "un teléfono móvil con marcación directa al número de teléfono de comunicación policial".

Una vez valorada la situación de riesgo de la persona maltratada, los agentes policiales determinarán la conveniencia de adoptar "medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares". El Gobierno de Cataluña ha enviado una alegación, que posiblemente será incluida, para graduar el riesgo en tres niveles y ofrecer una protección adecuada a cada uno. En caso de riesgo alto para la integridad de las personas, la protección policial será de 24 horas. En los supuestos de riesgo medio la protección policial se realizará en las franjas horarias de entrada y salida del domicilio y en los desplazamientos de riesgo, por ejemplo para comparecer en sedes judiciales. En este caso también se podrán establecer controles aleatorios en el entorno de la víctima. En el caso de las víctimas cuyo riesgo sea bajo, la alegación catalana plantea que la protección se active a requerimiento de la persona.El texto consensuado recoge la utilización de dispositivos tecnológicos para la protección de las víctimas.

En el segundo escalón, cuando las víctimas ya tengan orden de protección dictada por el juez o sólo una medida de alejamiento del agresor, también se adoptarán medidas de protección "adecuadas a la situación de riesgo". Éstas nunca pueden quedar "al libre albedrío de la víctima".

La comisión de seguimiento de la orden de protección, que preside la magistrada Montserrat Comas, debatirá esta mañana este protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación entre los agentes y los órganos judiciales en casos de violencia doméstica. Forman parte de la comisión los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales, el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado y representantes de los colegios de abogados y procuradores así como un representante de las ocho comunidades con competencias (Galicia, Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía, Navarra Canarias y Comunidad Valenciana). Éstas recibieron el borrador a mediados de mayo y sólo las tres primeras formularon alegaciones.