El Gobierno ataca la violencia doméstica con medidas sociales, penales, educativas y laborales

Penas más duras para los agresores, a quienes se ofrecerán tratamientos de rehabilitación en la cárcel. Mayor protección y ayudas para las maltratadas, para las que se consagra un catálogo de derechos entre los que figura cobrar el paro si deben dejar su trabajo. Son algunos aspectos recogidos en el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres, aprobado ayer por el Gobierno. Con esta iniciativa, "el Gobierno quiere encabezar una rebelión de toda la sociedad contra esta lacra", según la vicepresidenta segunda, María Teresa Fernández de la Vega. La aplicación de la futura norma costará "entre 50 y 80 millones de euros" al año, afirmó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Modificará 11 leyes, de las que seis tienen rango orgánico.

Las amenazas y coacciones leves podrán inhabilitar hasta cinco años para la patria potestad o la guarda

Fernández de la Vega: "El Gobierno quiere encabezar una rebelión de toda la sociedad contra esta lacra"

La futura norma endurece las penas por lesiones de dos a cinco años para los agresores de mujeres

El anteproyecto de la que, según el Gobierno, será "la primera ley integral de Europa contra la violencia sobre las mujeres" abarca aspectos preventivos (incluida la educación desde la infancia), sociales, asistenciales, sanitarios y penales. En su primer artículo, define la violencia ejercida sobre las mujeres como aquélla "utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". "Comprende la violencia física y la psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada, cuando el principal factor de riesgo lo constituya el hecho de ser mujer".

El texto consagra el derecho de las mujeres que sufran esa violencia a la "asistencia social integral": servicios de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación. También establece que las víctimas que acrediten insuficiencia de recursos tendrán defensa y representación gratuitas de abogado (siempre el mismo) y procurador en todos los procesos en que sean parte.

Respecto a los agresores, el anteproyecto establece un endurecimiento de las penas. Se agrava la pena por lesiones de dos a cinco años y el quebrantamiento de las penas o medidas de seguridad. Una amenaza o una coacción leves a la esposa o compañera, actual o anterior, se convierte en delito castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Se privará del permiso de armas por un plazo de un año y un día a tres años. El juez podrá inhabilitar hasta cinco años al agresor para el ejercicio de la patria potestad o la guarda, según el anteproyecto en caso de amenaza coacción leve. El anteproyecto crea los juzgados de violencia sobre las mujeres en todos los partidos judiciales y una fiscalía especial, tal como adelantó este periódico (ver EL PAÍS del 3 de junio). Estos juzgados se encargarán de la instrucción penal de las denuncias y de cualquier delito contra las relaciones familiares. También instruirán cuestiones civiles (separación, divorcio o custodia de los hijos en casos de violencia). Dictarán las órdenes de protección a las víctimas.

En las medidas cautelares de protección y seguridad, el anteproyecto incluye que el juez pueda suspender el ejercicio de la patria potestad o la guarda y custodia por parte del inculpado, así como suspender el régimen de visitas a sus hijos antes del juicio.

El anteproyecto, en el que han intervenido siete ministerios, se ha elaborado en un tiempo récord para cumplir el compromiso del presidente del Gobierno de que ésta sería la primera ley que enviaría al Parlamento. Tras el informe contrario de la Real Academia Española, ha perdido su denominación original de ley orgánica integral contra la violencia de género, defendida por las feministas. El cambio obedece, según Caldera, a que se ha buscado un título "descriptivo" y más comprensible. Se aprobará como proyecto de ley el día 25, tras debatirlo con las comunidades autónomas en conferencia sectorial y con las organizaciones de mujeres, a las que recibirá el presidente del Gobierno la próxima semana. El Ejecutivo quiere lograr el mayor consenso parlamentario.