Programas de rehabilitación para maltratadores en cárceles

El Gobierno y las instituciones penitenciarias tendrán que adaptar sus estructuras para cumplir la ley contra la violencia sobre las mujeres. Los principales cambios se exponen a continuación.

- Cárceles. La administración penitenciaria elaborará programas específicos para el tratamiento de los internos condenados por delitos de violencia contra la mujer. El seguimiento de estos programas será una de las condiciones que valorarán las juntas de tratamiento para conceder las progresiones de grado (cambios en el régimen penitenciario), permisos y libertad condicional, según la ley. La inclusión de estos programas en el régimen penitenciario requiere la modificación del real decreto 190/1996, de 9 de febrero. Las asociaciones de mujeres han protestado por esta medida, unas porque creen que es inútil y otras porque supone detraer fondos del presupuesto. Los defensores de la propuesta argumentan que la mayoría de las mujeres vuelve con el agresor, por lo que es mejor tratarlo.

- Delegación de Gobierno. La futura ley crea la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrita al Ministerio de de Trabajo y Asuntos Sociales. Su objetivo es "formular, coordinar e impulsar" las políticas públicas sobre este fenómeno. La norma permite a este organismo intervenir ante los jueces en casos de violencia doméstica.

- Observatorio. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales será el responsable de asesorar, evaluar, coordinar a las distintas instituciones, elaborar informes y estudios y proponer actuaciones sobre violencia contra la mujer. El Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer se encargará de este trabajo, y de redactar un informe anual sobre la evolución de este problema.