Juzgados y fiscales especializados en maltrato

El anteproyecto de ley orgánica plantea la creación de juzgados y fiscalías de violencia sobre la mujer, para cuya especialización habrá cursos de formación. En cambio, se ha excluido "la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los jueces civiles", según la exposición de motivos.

El Gobierno ha desechado sumar una jurisdicción de violencia doméstica a las actuales jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa, social y militar. En cambio, ha optado porque, dentro de la jurisdicción penal, exista una especialización para la violencia sobre la mujer, que abarque también los conflictos civiles derivados de esa violencia. Tales juzgados se crearán en todos los partidos judiciales y sólo los jueces titulares de los mismos podrán emitir condenas por actos de violencia doméstica.

Como explica el Gobierno, esos juzgados conocerán, en unos casos, de la instrucción y, en otros, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, "así como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede".

El objetivo de esta opción es asegurar "la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor". El Gobierno pretende conciliar mediante el juez penal estas garantías, sin reducir "lo más mínimo", dice, "la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima". Así, las medidas de protección que podrá acordar el juez contra la violencia sobre la mujer se han incluido expresamente en la futura ley, ya que no figuran como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La principal novedad en cuanto al Ministerio Fiscal consiste en la creación de un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de supervisar y coordinar a los fiscales dedicados a la violencia sobre la mujer. Igualmente, se crean secciones de fiscales en cada Tribunal Superior de Justicia y en las audiencias provinciales. Los fiscales adscritos a esas secciones se dedicarán a intervenir en los procesos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas de los que entiendan los jueces penales de violencia sobre la mujer, así como en los procesos civiles de familia relacionados con maltrato.