El presente: un inmenso barullo

Una cosa es lo que se conserva en el Archivo de Salamanca. Lo que hay en las calles y en el Parlamento es un inmenso barullo. Están las declaraciones de los políticos y las manifestaciones de los ciudadanos. En todo ello se mezclan dos materias altamente inflamables: la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y todo cuanto está relacionado con las identidades nacionales de los territorios reprimidos por la dictadura.

Detrás de todo ello, una voluminosa cantidad de papeles que se han reunido en varias plantas en la sede del Archivo en Salamanca. "El conflicto tiene algo de anacrónico", comenta el historiador Santos Juliá. "Con las nuevas tecnologías, la utilización directa del papel por parte de un historiador tenderá a desaparecer. De hecho, cada vez hay más documentos que se te quedan en las manos y que sólo se pueden consultar a través de fotocopias o de microfilmes. La digitalización de los archivos está en marcha y dentro de un tiempo ningún investigador tendrá acceso a los originales".

Son esos papeles originales los que motivan el conflicto. ¿Dónde tienen que estar? ¿En Salamanca? ¿Con sus dueños originales? ¿En un centro diferente que reúna también el material de otros archivos? El pasado miércoles, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, se interesaba en el Parlamento por las cartas privadas del primer lehendakari, José Antonio Aguirre, del histórico nacionalista Juan de Ajuriaguerra y de Manuel Irujo, que fue ministro republicano. Todas están en Salamanca, como muchos papeles del PNV. El 31 de mayo, en Barcelona, el candidato del PSC a las elecciones europeas, Raimon Obiols, reclamó que regresaran a Cataluña los documentos de su padre, incautados durante la Guerra Civil, y pedía también que se devolvieran los papeles que hay en Salamanca de "miles de catalanes".

Para entonces, según informaba Efe, se habían reunido ya 12.000 firmas de ciudadanos salmantinos que, gracias a una iniciativa de su Ayuntamiento, gobernado por el PP, expresaban su rechazo a que se moviera de allí un solo papel del archivo. Unos días antes, Juan José Lucas, vicepresidente segundo del Senado, había dicho de forma rotunda que "la dignidad de Castilla y León" no puede permitir que "se someta a mercado" el destino del archivo y que debían primar, sobre todo, consideraciones técnicas. También el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, había expresado su preocupación ante la posibilidad de que se devuelvan algunos documentos. Hace un par de días, informa Aurelio Martín, el PSOE de Castilla y León anunció la presentación de varias iniciativas en el ámbito parlamentario regional (sin descartar acciones judiciales) para aclarar el uso de fondos públicos en encartes en periódicos y pegatinas en favor de la unidad del archivo, auspiciados por el Gobierno autonómico que preside Herrera.

El problema ha llegado ya a los campos de fútbol. Ángel Villalba, secretario regional del PSOE, ha denunciado hace poco que los jugadores de la Unión Deportiva Salamanca saltaran al campo de juego, el domingo pasado, con una pancarta en la que se leía "Por la unidad del archivo".

La política entra de lleno en una cuestión tan delicada, en la que ni siquiera hay acuerdo entre los historiadores. En los últimos días se han pronunciado públicamente Ian Gibson -"la polémica es innecesaria", dijo, y opinó que "Cataluña tiene razón"- y Fernando García de Cortázar, que entiende que sería una "barbaridad" el "desguace" de los fondos sobre la Guerra Civil "por intereses políticos". El galimatías llega a tales dimensiones que el PP valenciano llegó a reclamar la devolución de los documentos de esta comunidad que están en Salamanca, mientras Mayor Oreja, cabeza de cartel del mismo partido en las elecciones europeas, hacía de la unidad del archivo una de las banderas de su actual discurso político.

"Quizá si en 1977 se hubiera reconocido que el archivo había sido fruto de un expolio, y se hubiera incorporado a las víctimas del mismo al patronato del recién formado Archivo General de la Guerra Civil Española, no se hubiera llegado a la situación de crispación que existe hoy", comenta el director del archivo de la Fundación Pablo Iglesias , Aurelio Martín Nájera.

Criterios científicos

Lo cierto es que el funcionamiento del archivo como un servicio que opera sobre una inmensa cantidad de documentos históricos con criterios científicos es relativamente reciente. Hasta 1977 su función era otra. Desde entonces es mucho lo que se ha hecho. Una parte de la documentación se ha microfilmado (aunque no sea fácil calcularlo, podría decirse que se ha trabajado ya sobre más del 50% de los papeles) y, poco a poco, empieza a digitalizarse. Las querellas políticas no deberían estorbar las tareas pendientes. Tampoco es demasiado lógico que fueran a empañar el verdadero desafío: el de proporcionar al estudioso la información más completa sobre la historia de España más reciente.