Este país no puede permitírselo

Aunque de dudosa eficacia, puede resultar democráticamente saludable una comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M. Lo que este país no se puede permitir es desclasificar por razones políticas más papeles del CNI (Centro Nacional de Información). ¿Por qué? Muy sencillo. Si después de lo ocurrido hace algunos años y de que el Gobierno en funciones de Aznar desclasificara de forma insólita unos documentos para intentar demostrar que no engañó tras el atentado, se desclasifican otros, los servicios de información dejarán de redactar informes (en algunos casos, equivocados) de inteligencia para, sabiendo que pueden acabar siendo públicos, limitarse a notas de prensa. Y, lo que es más grave, se cerraría el grifo de la información de los servicios de otros países que rehúyen la publicidad y exigen la independencia de estos servicios de la política, algo que se puede haber perdido, aquí y en otros lugares. Si algo requiere la lucha contra los terrorismos -el de ETA y el transnacional islamista- es cooperación internacional. Sin ella, España estaría aún más ciega de lo que está.

La Comisión de Secretos Oficiales del Congreso es el lugar adecuado para el acceso a estos documentos sin necesidad de desclasificarlos. Lo necesario es saber por qué pasó lo que pasó, para evitar que vuelva a pasar: por qué el CNI pareció acertar en sus vaticinios meses antes cuando alertó de atentados importantes contra España o intereses españoles fuera, pero falló estrepitosamente el 11-M, y pareció quedarse in albis tras la tragedia. La creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA) para impulsar la coordinación entre los servicios de información -del CNI, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, entre otros- es absolutamente necesaria y pone a las claras que, lamentablemente, no hubo tal coordinación antes. Lo sensato sería que esta coordinación se llevara directamente desde La Moncloa, y no desde Defensa o Interior.

Falta potenciar los medios para penetrar estas redes del terrorismo global que aparentemente, en el caso del 11-M, fue también muy local: conocimiento de idiomas varios, del árabe al farsi, y agentes seguros, que no son fáciles de obtener. Es una labor de años, por lo que España no se puede permitir que se le sequen las fuentes de información de otros servicios amigos.

Desde el 11-S y con la guerra de Irak, todas las miradas acusatorias están puestas sobre los servicios de información, en EE UU, en España y en otros países. Quizás porque en el caso de EE UU, la CIA ha pasado de hacer evaluaciones a actuar, presionada por la política, algo para lo que no están los servicios de inteligencia. El 11-S no fallaron sólo los servicios de información, sino también la diplomacia y la política, como queda meridianamente claro en el libro ahora traducido en España, Contra todos los enemigos (Taurus), de Richard Clarke, coordinador de la lucha antiterrorista en la Casa Blanca con tres administraciones, al que no se hizo caso hasta que ocurrió la tragedia.

La cooperación en este ámbito en Europa no marcha como debería, como ya puso de manifiesto un informe anterior al 11-M de los servicios de Javier Solana en el Consejo de la Unión. La creación del coordinador europeo para la lucha contraterrorista, encarnada en Gijs de Vries, puede impulsar una visión estratégica y empujar a los Estados a llenar sus lagunas en este terreno, pero como ha indicado un asesor gubernamental, "las mayores lacras no están en las instituciones europeas, sino en la desigualdad de las medidas nacionales". Los expertos creen, sin embargo, mucho más en la eficacia de la cooperación bi o multilateral entre los servicios, especialmente entre los cinco: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, además de Estados Unidos, conscientes de que a lo más que cabe aspirar a corto plazo es a reducir riesgos. Pues espacios seguros no hay ninguno en Europa. aortega@elpais.es