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Industria gestionará la mayor parte de los fondos públicos de I+D

El departamento de Montilla ultima la "recuperación" de la investigación tecnológica

Los grandes programas sectoriales de investigación y desarrollo tecnológicos, que pasaron hace un mes teóricamente al Ministerio de Educación y Ciencia, se adjudicarán definitivamente al Ministerio de Industria. La negociación entre ambos departamentos está a punto de concluir. Estos programas suponen la mayor parte de los fondos públicos para I+D. Su separación burocrática de la política científica se hace en contra de la opinión de las universidades, de una parte de los expertos en política científica y de entidades como la Fundación Cotec, que representa a empresas innovadoras.

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El ministro de Industria, José Montilla, ha manfiestado reiteradamente en público que recuperaría la I+D tecnológica, que el real decreto de 17 abril adjudicó en exclusiva a Educación y Ciencia, como departamento al que corresponde "la política de fomento y coordinación general de la investigación científica y la innovación tecnológica". Está a punto de lograrlo, según las fuentes consultadas, incluido un portavoz de su departamento, aunque por parte del ministerio de Educación y Ciencia, cuya titular es María Jesús San Segundo, sólo se reconoce que están en marcha las negociaciones para el reajuste definitivo de competencias, que podría estar listo, según Industria, la semana que viene. Se plasmará en un nuevo decreto de organización ministerial, que ultiman los subsecretarios, pero básicamente, según Industria, quedarán como competencias de Educación las áreas directamente de ciencia, mientras que la "innovación y seguridad" y las "prácticas industriales" serán competencia de Industria.

Prácticamente la totalidad de los fondos del Profit (Programa de Fomento de la Investigación Técnica), unos 400 millones de euros, se gestionarán en Industria, aunque es probable que para este año se aplique una solución transitoria. De las seis subdirecciones generales de la Dirección General de Política Tecnológica (que pasó de Ciencia y Tecnología a Educación y Ciencia) dos se quedarían en Educación y cuatro pasarían a Industria, probablemente a la Dirección General de Desarrollo Industrial. También el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial), se quedaría en Industria, su antiguo ministerio. En total se estima que Industria gestionará más del 80% de los 2.200 millones de euros actualmente adscritos a la dirección general de Política Tecnológica.

Sectores productivos

Industria no aclaró ayer la situación de los programas sectoriales de I+D, como el de Energía o el de Aeronaútica. Otras fuentes sitúan en Industria todos los programas que tienen "detrás" sectores productivos, incluidos el del Automóvil y el del Espacio, mientras que permanecerían en Educación, por lo menos, el de investigación socioeconómica, el de biotecnología y el de parques científicos y tecnológicos.

También se está "acabando de perfilar" la cuestión de las cuotas españolas de organismos científicos y tecnológicos internacionales (el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, y la Agencia Europea del Espacio, ESA), así como el Instituto de Astrofísica de Canarias. Asimismo, correspondería a Industria todo el capítulo de créditos reembolsables, tanto los programas civiles como militares definidos como proyectos estratégicos y recogidos en el capítulo octavo de la Función 54 (que engloba las partidas de I+D de los Presupuestos Generales del Estado).

Los portavoces de ambos ministerios destacaron ayer la cordialidad en las conversaciones para esta reorganización, buscando la coherencia política y no el enfrentamiento por las competencias. El portavoz de Industria comentó que hay que tener en cuenta que "la I+D no es un todo, sino que tiene diferentes puestas en marcha".

Esta postura no es compartida por quienes creen que la fragmentación de la I+D no responde a la visión actual de que la investigación básica y la aplicada estén relacionadas estrechamente con la actividad productiva, ni tampoco a las promesas de mejor coordinación de este sector contenidas en el programa electoral del PSOE. En este sentido se han manifestado en las últimas semanas la Confederación de Sociedades Científicas, los vicerrectores de investigación de las universidades y la Fundación Cotec.

Según Cotec, la coordinación de la política científica y tecnológica en un mismo ministerio, Educación y Ciencia, serviría para romper el viejo clientelismo del Ministerio de Industria y acabar con el "café para todos" en la distribución, sin mecanismos objetivos de evaluación, de las ayudas a la I+D a los sectores industriales tradicionales. Algunos expertos consultados temen que la gestión por parte de Industria de la mayor parte de los fondos públicos de I+D signifique que el aumento anual del 25% previsto apenas repercuta en la investigación básica.

Industria ya adelantó a finales de abril que negociaría con otros departamentos un decreto de reestructuración ministerial para concretar sus competencias, destacando tres puntos clave: el cumplimiento del protocolo de Kioto con el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, la política tecnológica y la propuesta de tarifas en el sector de la energía. En cuanto al primer punto, se ha creado una comisión interministerial presidida por el Secretario de Estado de Economía y cuyo secretario es el Secretario General de Prevención del Cambio Climático, de Medio Ambiente.

Los ministros José Montilla y María Jesús San Segundo.
Los ministros José Montilla y María Jesús San Segundo.

Una filóloga se hace cargo de la Dirección General de Investigación

El Consejo de Ministros nombró ayer a Violeta Demonte directora general de Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia, sustituyendo en el cargo, antes adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a Matilde Sánchez Ayuso. Demonte, catedrática de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se doctoró en Filología Hispánica bajo la dirección del fallecido lingüista Fernándo Lázaro Carreter.

Asimismo fueron nombradas ayer Carmen Ruiz-Rivas, profesora del Departamento de Matemáticas de la UAM, como directora general de Universidades, cargo que ocupaba hasta ahora Pedro Chacón, y María Antonia García Benau, secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria, en sustitución de José Raga.

Con el nombramiento de Demonte queda completo el organigrama de los altos responsables de política científica y tecnológica en el Ministerio de Educación. Bajo el geólogo Salvador Ordóñez, secretario de Estado de Universidades e Investigación, el economista Salvador Barberá se ha hecho cargo de la Secretaría General de Política Científica, con dos direcciones generales, según el organigrama actual: la que asume ahora Demonte y la Dirección General de Política Tecnológica en la que se mantiene Arturo González, procedente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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