Un juez argentino procesa a Astiz por crímenes durante la dictadura

La justicia argentina ordenó ayer el procesamiento con prisión preventiva del ex marino Alfredo Astiz y otros tres represores por once casos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983), entre ellos el secuestro y torturas a dos monjas francesas, según informaron fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por el juez federal Sergio Torres, quien dispuso el embargo de 12 millones de pesos (3,41 millones de euros) sobre los bienes de los imputados. Los cuatro detenidos fueron procesados por el delito de "tormentos", previsto en el artículo 144 del código penal, que castiga con hasta 25 años de prisión a quien someta a "cualquier clase de torturas a detenidos".

El fallo judicial incluye a Alfredo Tigre Acosta, Antonio Pernías y Héctor Antonio Febres, a quienes, junto con Astiz, el juez halló responsables de torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los más cruentos centros clandestinos de detención durante la dictadura. Todos fueron encontrados culpables de las torturas que sufrieron las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, secuestradas en 1977, caso por el que Francia ha reclamado reiteradamente la extradición de Astiz, apodado el Ángel de la Muerte. Entre los torturados y desaprecidos también se encontraban Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo y otras ocho víctimas.

En 1990, un tribunal de París condenó en ausencia a Astiz a prisión perpetua por el secuestro, torturas y desaparición de las religiosas francesas, además de estar acusado por jueces de España, Italia y Suecia por la desaparición de personas detenidas en la ESMA durante el régimen militar.

"Capucha y capuchita"

En su extensa resolución, el juez argentino reconstruyó lo ocurrido durante el secuestro de las monjas y el resto de desaparecidos. Según la causa judicial, las víctimas fueron llevadas al llamado Casino de Oficiales de la ESMA, "donde se las interrogó mediante la aplicación de tormentos para luego ser alojadas bajo condiciones inhumanas en los sectores denominados 'capucha y capuchita". Distintas fuentes consideran que permanecieron allí entre siete y diez días y que luego fueron arrojados al Río de la Plata, dentro de los llamados "vuelos de la muerte", que sirvieron a los jefes de la dictadura para deshacerse de miles de detenidos.

Las cifras oficiales estiman que durante la última dictadura militar fueron asesinadas o desaparecieron con presunción de muerte unas 18.000 personas, aunque los organismos defensores de los derechos humanos sostienen que las víctimas fueron 30.000. El recinto de la ESMA fue entregado por el presidente argentino, Néstor Kirchner, a organizaciones de derechos humanos el pasado 24 de marzo, día en que se cumplió un nuevo aniversario del golpe de 1976, para que instalen un museo de la memoria por las víctimas de la dictadura.