El Gobierno promete "pelear más" por la agricultura
España no ha logrado sus objetivos en la reforma del algodón, el aceite y el tabaco aprobada el jueves en Bruselas. Así lo reconoció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros. Por ese motivo, el Gobierno recurrirá con toda seguridad la reforma del algodón, que desvincula un 65% de las ayudas del volumen de producción, y estudia si hará lo mismo con los otros dos sectores afectados
. "Pelearemos más", aseguró Fernández de la Vega, que consideró "claramente injusto" responsabilizar del fracaso de la negociación a la nueva ministra de Agricultura, Elena Espinosa, cuando la reforma se ha gestado durante nueve meses. "El peso de la negociación lo ha llevado el anterior Gobierno", señaló la vicepresidenta.
El Partido Popular tachó de "brindis al sol" el recurso que interpondrá el Ejecutivo ante el Tribunal de Luxemburgo. El portavoz de Agricultura de esta formación en el Congreso, José Madero, cree que el recurso no prosperará porque no se ha producido ningún incumplimiento por parte de Bruselas y atribuyó toda responsabilidad al PSOE. Madero ha solicitado la comparecencia urgente de Elena Espinosa en el Parlamento.
Frente al análisis del PP, la portavoz de la Mesa del Algodón, Elena Sáez, expresó su certeza de que el recurso "saldrá adelante", pues los servicios jurídicos estatales emitieron un informe favorable a este procedimiento a principios de año, según Sáez.
La portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida en Andalucía, Concha Caballero, exigió al nuevo Gobierno regional un fondo compensatorio para ayudar a los algodoneros y agricultores que se vean afectados por el nuevo reparto de las ayudas al aceite, algodón y tabaco. De forma similar, la patronal agraria Asaja solicitó a la ministra de Agricultura que utilice fondos distintos a los de la política agraria común para compensar los efectos negativos de la reforma.
Para el líder del Sindicato de Obreros del Campo, José Manuel Sánchez Gordillo, las novedades aprobadas "atacan la línea de flotación de la agricultura andaluza".
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