El nuevo Gobierno se enfrenta a las reformas agrarias mediterráneas

Los ministros de Agricultura comunitarios iniciarán el próximo miércoles en Luxemburgo las negociaciones para las reformas de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de algodón, aceite y tabaco. Para la nueva ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y el futuro secretario general del departamento, Fernando Moraleda, ésta será la primera prueba de fuego comunitaria, agravada por la política de ajuste de Bruselas y el deterioro en sus relaciones con el anterior Gobierno español del PP. El sector recibe casi 1.400 millones de ayuda en los tres cultivos.

Siguiendo los contactos bilaterales llevados a cabo por el equipo precedente, los nuevos responsables de Agricultura han desarrollado en las últimas fechas encuentros con representantes de otros países comunitarios como Francia y Alemania tratando de buscar apoyos a sus posiciones para allanar el camino de las nuevas reformas. Igualmente, el nuevo equipo de Agricultura tiene previsto reunirse con el sector antes de acudir al consejo de ministros para conocer sus posiciones finales.

De cara a la aprobación de estas tres reformas, Bruselas llega a esta fase final de las negociaciones prácticamente con unos planteamientos similares a la oferta inicial. La Comisión, según propuesta del pasado 15 de abril, se resiste a modificar sustancialmente sus posiciones. Ante esa situación, los nuevos responsables de Agricultura y el propio sector defenderán la aprobación de reformas de mínimos en línea con el dictamen del Parlamento Europeo para las tres OMC que se acercan más a los planteamientos de cada uno de los sectores.

Aunque las reformas afectan a numerosos aspectos relacionados con la producción y los mercados de cada sector, el eje de la polémica se halla en el grado de aplicación de la política de desacoplamiento (pago directo de las ayudas a cada agricultor en función de los cobros históricos que tuvo entre los años 2000/02, aunque abandone el cultivo). España rechazaría el conjunto de las reformas si no se logra una solución aceptable para los tres sectores y muy especialmente en tabaco, donde en principio parece que existen las mayores dificultades por la presión política en contra de los países del norte.

- Aceite de oliva. De cara a la aprobación de esta reforma, España se ha fijado como punto de partida lograr un incremento en la asignación presupuestaria en función del peso real del sector en el conjunto de la UE. Sobre un gasto comunitario total en aceite de unos 2.300 millones de euros, España percibe 1.000 millones en función de una cuota de 760.027 toneladas fijada con Loyola de Palacio como ministra de Agricultura.

España, sin embargo, supone más del 50% del aceite comunitario real con producciones medias hoy superiores a 1,1 millones de toneladas. Por esta razón se considera que Bruselas debe cumplir con el compromiso asumido en 2001 cuando prorrogó la reforma para clarificar las producciones y reajustar ayudas, algo que sin embargo no se ha hecho. Lograr más fondos en este momento sería un éxito sin precedentes en los últimos años ante la política comunitaria de ajuste presupuestario.

A partir de esa posición, España apoyará un mínimo del 60% como pago de ayudas desacopladas (no ligadas a la producción). En este punto se reclama de Bruselas como algo irrenunciable una flexibilidad para que cada Estado haga una distribución del resto de los fondos. Fuentes de Agricultura señalan que ello supondrá atender tanto las peticiones de una parte del olivar andaluz que reclama ayuda desacoplada de hasta el 90%, pero también la demanda del resto de las zonas que quieren que la mayor parte de la ayuda sea por superficie para apoyar al olivar de bajos rendimientos.

- Algodón. En el algodón, la posición española ante la reforma está marcada por el temor a que los pagos desacoplados de hasta el 60% propuestos por Bruselas supongan que miles de agricultores puedan limitarse a cobrar esa ayuda y abandonen el cultivo de 95.000 hectáreas, con el consiguiente efecto económico negativo en zonas donde el algodón es eje de su economía. Frente a ese 60%, el sector y la Administración coinciden en que no se debería llevar a cabo ningún cambio, y en el peor de los casos, que ese tipo de pagos no supere en 20%, para obligar a seguir en la actividad. Si no se logra un acuerdo favorable, España planteará un recurso ante el Tribunal de Justicia comunitario por estimar que se ha violado el Tratado de Adhesión.

- Tabaco. El tabaco es probablemente la reforma más dificil para lograr un buen resultado ante la existencia de una vieja persecución contra este cultivo desde las instancias comunitarias.

Los países mediterráneos, por un lado, están decididos a poner en marcha una minoría de bloqueo en defensa del futuro de este sector, mientras los países del norte quieren recortar los gastos en ayudas al tabaco argumentando motivos de salud sin tener en cuenta que se van a mantener los mismos problemas con el tabaco de importación.

Bruselas plantea que la ayuda o pago único desacoplado llegue en conjunto al 70%, con diferente tratamiento, según el tipo de explotacion, y que el 30% restante sea para reconversión.

Sector y Administracion defienden que la ayuda desacoplada sea sólo del 30% para mantener una actividad económica en unas 14.000 hectáreas con una cuota de producción de 41.000 toneladas en una serie de zonas como Cáceres, donde prácticamente es monocultivo. Si no hay acuerdo en tabaco, España no aceptaría ninguna de las otras reformas.