Una hija de desaparecidos recupera su nombre en Argentina a los 27 años

La justicia ha puesto los papeles en orden. A sus 27 años, Carmen Sanz quedó inscrita con su verdadero nombre y apellido en el acta de nacimiento y podrá tramitar luego el documento nacional de identidad. Veintisiete años han pasado hasta que al fin, el pasado lunes, el tribunal oral federal de ciudad de La Plata, situada 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, ordenó al Registro Nacional de las Personas que la anote como quien siempre fue: Carmen Sanz. Pero ello sólo ha sido posible después de que fueran condenados el ex jefe de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, el ex comisario Miguel Etchecolatz, y el médico policial Jorge Bergés a siete años de prisión por los delitos de supresión de estado civil, falsificación de documento público, ocultamiento y sustitución de identidad de la niña nacida en cautiverio durante la dictadura militar (1976- 1983).

Los padres de Carmen, ciudadanos uruguayos que residían en el gran Buenos Aires, continúan desaparecidos. Aída Sanz Fernández estaba embarazada de la niña, a la que iba a llamar Carmen, cuando fue secuestrada junto con su marido, Horacio Enrique Fernández, por un grupo de tareas de la policía bonaerense que respondía a la jefatura del comisario Etchecolatz, mano derecha del jefe de policía, general Ramón Camps, en el primer periodo de la dictadura militar, entre 1976 y 1978. Etchecolatz tenía jurisdicción sobre la Brigada de Investigaciones de Banfield.

El pozo de Banfield

Carmen nació al fin el 27 de diciembre de 1976 en la maternidad clandestina del campo de concentración de prisioneros conocido como El pozo de Banfield. El médico policial Jorge Bergés la atendió en el parto y se llevó al bebé a una clínica de Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires; firmó un certificado falso del nacimiento de Carmen y la entregó finalmente a los padres adoptivos, que desconocían su verdadero origen y la inscribieron como María de las Mercedes Fernández, supuestamente hija de Horacio Enrique Fernández y de Marta Noemí García.

Los hijos y familiares de las víctimas siguieron la lectura de la sentencia con una emoción contenida que estalló en el momento de confirmarse la condena a siete años de prisión para Etchecolatz y Bergés. Tres veces gritaron "presente" por los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Los activistas más exaltados pintaron las paredes con consignas contrarias a la decisión del tribunal: "Justicia basura, cómplice de la dictadura". La fiscalía había pedido diez años de cárcel para los dos acusados y los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos reclamaron 15 años de prisión.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que contribuyeron a recuperar la identidad de 77 de los casi 500 niños que se calcula nacieron en los campos de concentración, valoraron el proceso como "un paso más" en el largo camino de reparación que debe encabezar la justicia.