El Ejecutivo catalán reducirá el número de alumnos por aula en los centros con alta inmigración

Las escuelas podrán flexibilizar las ratios, el número de alumnos por aula, según las necesidades educativas. Ésta es otra de las novedades que recoge el nuevo decreto de admisión de alumnos que presentó ayer consejero de Enseñanza catalán, Josep Bargalló. Esta medida supondrá que los centros que tengan un importante número de alumnos de procedencia inmigrante o se encuentren en zonas socialmente desfavorecidas podrán reducir la ratio por aula para poder garantizar "una buena escolarización", según apuntó Bargalló.

La medida permitirá que los colegios "puedan dar una atención más personalizada", explicó el consejero, de forma que algunas escuelas podrán tener clases con un número de alumnos por debajo de la cifra oficial, que es de 25 en Infantil y de 30 en Secundaria.

El nuevo decreto, que parte del anterior que elaboró la ex consejera Carme-Laura Gil, miembro del gobierno de CiU, incorpora además nuevos instrumentos "para garantizar la transparencia del proceso de matriculación", según explicó Bargalló, como es el caso de las oficinas municipales de escolarización y los centros de información. Las primeras servirán para coordinar todos los datos de preinscripción de los alumnos, de forma que habrá una cogestión coordinada entre el gobierno local y el autonómico. En el caso de Barcelona, el consejero apuntó que "a medio plazo", podrían ponerse en marcha oficinas de matriculación por distritos. Aunque la iniciativa, de momento, sólo se aplicará en "una docena" de municipios en el curso que viene.

Centros de información

Bargalló pretende que este instrumento se extienda a todo el territorio lo antes posible. Los centros de información municipal, en cambio, deberían entrar en funcionamiento en todos los ayuntamientos para el curso que viene. Allí las familias podrán informarse sobre la oferta de escuelas del área municipal, sobre el tipo de estudios que ofrecen, el ideario de cada uno, el proceso necesario para matricularse, y las cuotas que deben pagar los padres, entre otros aspectos.

El consejero anunció también que el decreto pretende evitar "la improvisación" en la escolarización y la masificación de las aulas por el fenómeno de la matricula viva -los alumnos que llegan a las escuelas en los meses posteriores al inicio del curso-, por lo que anunció que el departamento ofertará 10.000 plazas más para 2004-05.

Por su parte, la oposición expresó ayer sus dudas respecto al decreto. La diputada de CiU y ex consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, afirmó ayer que la nueva normativa "podría ser ilegal", por restar autoridad a los titulares de los centros concertados, ya que que les resta decisión en la admisión de alumnos. "El decreto manifiesta demás una gran desconfianza y también quita autoridad a los consejo escolares", señaló Rigau.