Debates sobre la Cataluña social

A partir de tener que irme de Cataluña y España en el año 1962 debido a mi participación en la resistencia antifranquista en los años cincuenta y principios de los sesenta, he vivido y trabajado en Suecia, el Reino Unido y EE UU, y me incorporé de nuevo en los años noventa al mundo académico catalán, primero como catedrático de Economía Aplicada en la UB y después como Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la UPF. Mi trabajo, durante más de 40 años de vida profesional, ha consistido en analizar las intervenciones que mejoran la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones. A la vuelta a mi país, comencé a analizar el Estado de bienestar en Cataluña y en España, y me preocupó lo que iba viendo en los datos. A pesar de lo mucho que se había hecho a partir de la democracia, la realidad es que queda muchísimo por hacer. Los datos comparativos con el resto de la UE muestran que el Estado de bienestar (que incluye las transferencias, como las pensiones, y los servicios públicos, como la educación, la sanidad y los servicios de ayuda a la familia, la vivienda social, entre otros) en España tiene un gasto público muy bajo, de los más bajos (cuando no el más bajo) de la UE. Y Cataluña, en muchos aspectos, está peor. Esta preocupación fue acompañada de otra: la impresión de que los establishments políticos y mediáticos, tanto de Cataluña como de España, no son conscientes o ignoran esta situación de enorme déficit social de Cataluña y España respecto a la UE. La cuestión social no tiene mucha visibilidad mediática. Esta situación, ya en sí preocupante, adquiría mayor urgencia porque tal como documenté en un informe, La protecció social a Catalunya, escrito con mi colaboradora, Águeda Quiroga, para el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, nuestro déficit social con la UE estaba aumentando a partir de 1993. Esta situación me motivó a organizar las Jornadas sobre el Estado de Bienestar en Cataluña (realizadas en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el pasado mes de julio), en las que profesores de varias universidades catalanas expertos en las distintas dimensiones del Estado de bienestar en Cataluña, de las cuales la Generalitat es responsable, presentaron su evaluación (las ponencias están en Navarro, V. (coordinador) L'Estat del Benestar a Catalunya. www.vnavarro.org).

Las presentaciones detallaron los avances importantes que han ocurrido en cada componente del Estado de bienestar, pero también subrayaron las partes más preocupantes mostrando que la España social no va bien y en muchas áreas (como educación, servicios de ayuda a las familias, servicios de atención primaria sanitaria y muchos otros) Cataluña va peor; que el déficit de gasto público social de Cataluña (y España) con la UE ha estado creciendo desde 1993 (y muy en particular desde 1996) como consecuencia de los presupuestos de los gobiernos españoles apoyados por CiU, que han alcanzado un déficit del presupuesto del Estado español cero (hoy un superávit) a costa de un incremento muy notable del déficit del gasto público social de Cataluña y de España respecto al promedio de la UE, y que el Gobierno catalán ha seguido políticas profundamente clasistas que están restando cohesión a Cataluña, favoreciendo y dando subsidios (los más altos de España) a los servicios privados (escuelas y sanidad), que sirven al 35% de la población, a costa de los servicios públicos, que sirven sobre todo a las clases populares y que tienen el gasto público más bajo de nuestro país. Las jornadas tuvieron una amplia repercusión. Movimientos sociales, partidos políticos e individuos anónimos han utilizado los datos para sus propios objetivos movilizadores. Uno que ha alcanzado gran difusión en Cataluña es el de Visió Social (visiosocial@yahoo.com), Catalunya a la cua y Quina Catalunya.

El partido gobernante de la Generalitat, que silenció las jornadas y los informes (excepto en una noticia de TV-3, un par de minutos), respondió con gran agresividad, acusándome, por ejemplo, de publicar los datos que comparan Cataluña con la UE sólo hasta el año 1999, ocultando por lo tanto las grandes mejoras que han ocurrido desde entonces. Por lo visto, el partido gobernante no es consciente de que el Idescat, la agencia de estadística de la Generalitat, sólo ha publicado datos comparativos de Cataluña con la UE hasta 1999. Es más, el crecimiento del déficit de gasto público social de Cataluña y España con el promedio de la UE ha continuado aumentando, según los datos provisionales a nuestro alcance.

Otros argumentos procedentes de otras fuentes, sin embargo, tienen mayor mérito. Uno de ellos es el que atribuye el subdesarrollo del Estado de bienestar en Cataluña a su déficit fiscal. Sin negar la existencia de tal déficit, el hecho es que tal subdesarrollo (en comparación con otras comunidades autonómicas) no puede atribuirse sólo a este déficit fiscal. La Generalitat ingresa (como consta en su presupuesto del año 2003) en fondos del Estado (más tributos propios) la misma cantidad de euros por habitante que el promedio de las comunidades autónomas de España (1.976 euros). En realidad recibe más, por ejemplo, que Andalucía, Murcia y Valencia. En cambio, el gasto público social por habitante es de 1.484 euros, uno de los más bajos entre las comunidades autónomas, más bajo por cierto que el de Galicia y Andalucía. Una situación semejante se da en educación, cuyo gasto público por habitante es 533 euros, de nuevo el más bajo de las comunidades autónomas, cuyo promedio es de 617 por habitante. Una situación parecida se observa en sanidad, en la que el gasto sanitario público por habitante es también inferior al promedio de las comunidades autónomas. El subdesarrollo del Estado de bienestar catalán, por lo tanto, tiene mucho que ver con las prioridades del Gobierno de la Generalitat, que, en contra de lo que propaga, no se caracteriza por su sensibilidad social. No tengo dudas de que existe un déficit fiscal que debe corregirse. Pero el partido gobernante es en gran parte responsable de que no se haya avanzado más en la resolución de este déficit fiscal, pues no ha involucrado a otras fuerzas políticas en su movilización y ha peferido en su lugar utilizar la existencia de tal déficit para movilizar a sus propias bases electorales y también para justificar la privatización del Estado de bienestar. Ésta es la realidad vetada en los medios de información de la Generalitat.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.