Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Tan contentos

Algo de mala conciencia le debe de quedar al Gobierno por su actuación durante la catástrofe del Prestige cuando ha decidido conmemorar el primer aniversario del siniestro con un estelar desembarco ministerial en Galicia. Los mismos ciudadanos que hace un año asistían con estupor a la desdeñosa actitud gubernamental mientras sus costas se enlodaban de fuelóleo han recibido en los dos últimos días las atenciones del vicepresidente Arenas y de los ministros de Pesca, Medio Ambiente y Sanidad. Más allá del gesto, poca cosa ofrecieron los representantes del Ejecutivo. Arenas presentó como gran novedad el convenio para adelantar el cobro de las indemnizaciones, que ya se había anunciado reiteradamente, mientras sus compañeros de Gabinete repetían la letanía de la normalidad: las playas están limpias, el pescado tiene todas las garantías sanitarias y la flota ha vuelto a faenar.

El Gobierno tendría más credibilidad si pudiese demostrar que, si se produce un nuevo accidente, no se repetirán los desatinos y la monumental exhibición de impotencia que tanta irritación despertaron en Galicia. Pero no es el caso. Aunque la Unión Europea haya aprobado algunas medidas para mejorar el control sobre el transporte marítimo de mercancías peligrosas, el riesgo para las costas no ha desaparecido. Y la capacidad de respuesta ante un siniestro como el del Prestige no ha cambiado respecto a hace un año. Fomento ha anunciado estos días nuevas inversiones en Salvamento Marítimo, pero la cruda realidad es que la flota de remolcadores sigue siendo la misma, y España continúa sin disponer de un solo buque antipolución. En estos doce meses ni siquiera se ha elaborado un protocolo que oriente la posible respuesta a una emergencia semejante. Entre otras razones, porque el blindaje gubernamental ante cualquier intento de investigar lo ocurrido es también un freno a la posibilidad de extraer lecciones a partir del examen de los errores cometidos.

Vedada la investigación parlamentaria, los Gobiernos central y gallego se adjudican a sí mismos certificados de buena conducta e insisten en que no podían haber actuado de otro modo. Como si no estuviese en marcha una investigación judicial, en la que el Juzgado de Corcubión y la Audiencia de A Coruña no han desdeñado los argumentos de algunas de las acusaciones particulares, que sostienen que puede ser penalmente perseguible la decisión de negarse a poner el petrolero a resguardo sin un aval técnico que justificase tal decisión. Ése es el motivo por el que permanece imputado el director general de la Marina Mercante, aunque no se haya sentido obligado a aplicarse la doctrina del PP sobre responsabilidades políticas, una de sus banderas cuando su partido estaba en la oposición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de noviembre de 2003