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El Gobierno acelera la evaluación del trasvase para iniciar las obras en marzo

El Ministerio de Medio Ambiente da el visto bueno al proyecto en sólo tres meses

El Gobierno ha puesto el acelerador al trasvase del Ebro. En el tiempo récord de tres meses ha elaborado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un canal de casi mil kilómetros de manera que se puedan poner sus primeras piedras durante la campaña de las próximas elecciones legislativas, en marzo próximo. El Ministerio de Medio Ambiente, que es parte y juez en el proyecto de trasvasar 1.050 hectómetros cúbicos desde el Ebro hasta Almería y Barcelona, impone 210 medidas correctoras. El coste de ejecución se calcula en 4.200 millones de euros, parte de los cuales el Gobierno espera que procedan de la UE.

Todo estará en marcha antes de las próximas elecciones; los proyectos concluidos y el inicio de las primeras obras del trasvase del Ebro "allá donde nos dejen", dice la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. El calendario aprieta de tal manera que el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del trasvase se ha hecho en tres meses. En condiciones normales se habrían necesitado al menos tres años, según técnicos del ministerio.

Para dar relieve a este paso previo al de contratar los proyectos y las obras, Elvira Rodríguez informó de su contenido al Consejo de Ministros de ayer, aunque no es preceptivo. Según la ministra, el proyecto ha recibido el aval del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las universidades de Barcelona, Valencia y Cantabria también han colaborado en analizar las 240.000 alegaciones presentadas y en estimar que el proyecto es viable y no perjudica al entorno natural.

Según Germán Glaría, director general de Calidad Ambiental, muchas de esas alegaciones eran repetidas. Las más sustanciales han sido las presentadas por la Generalitat de Cataluña, los colectivos ecologistas y el Gobierno de Aragón, aunque ésta haya tenido un tinte más jurídico que ambiental.

El ministerio ha echado mano de consultoras externas para recopilar el aluvión de datos. La coordinación ha corrido a cargo de Ignacio Cámara y el subdirector de Impacto Ambiental, Mariano González. Al menos dos de los funcionarios que habitualmente participan en las tareas de evaluación ambiental de infraestructuras han redactado sendos informes contrarios al proyecto. Luego, y ante la perspectiva de que no los iban a tener en cuenta han renunciado a seguir colaborando en esa tarea.

Medidas correctoras

La aplicación de la mayoría de las 210 medidas correctoras que propone la Declaración de Impacto Ambiental y que hoy aparecerán publicadas en el Boletín Oficial del Estado, dependen de estudios aún por realizar, cuando tendrían que haberse hecho con anterioridad.

Para la fase previa a la ejecución de las obras la declaración de impacto ambiental dice que "deben identificarse los suelos, hábitats, ecosistemas, especies protegidas de flora y fauna, así como medidas para su protección". Reclama la realización de prospecciones y sondeos arqueológicos en coordinación con las Comunidades Autónomas, la identificación de áreas para los vertederos de escombros procedentes de los 96 kilómetros de túneles que tendrán que horadarse y la elaboración de planes de obras en épocas que no coincidan con la nidificación y cría de especies a proteger.

Todos estos trabajos, según expertos del ministerio deberían estar realizados. "Sólo se ha abordado el impacto de la infraestructura lineal, el canal, y se ha obviado lo más importante; la gestión del agua. ¿Para quién es, en qué y cómo se va a gastar cada hectómetro cúbico?" se pregunta un técnico del ministerio. Un proyecto de la envergadura de este trasvase, sostiene la misma fuente, debería tener perfectamente identificadas las áreas sensibles. En esos casos hay que recorrer a pie el terreno y discutir con la gente que lo gestiona; convocar foros con especialistas independientes de reconocido prestigio que puedan aportar información valiosa. Tampoco se han contrastado las alternativas y sus correspondientes costes para evaluar con objetividad cuál es la mejor.

"Si para estudiar el impacto de 50 kilómetros de autovía necesitamos al menos un año y medio, está claro que en el caso del trasvase los plazos sólo han contado para tener la declaración de impacto ambiental en una fecha fija, sin tener en cuenta su contenido" señala la misma fuente. Tampoco se ha definido el caudal ecológico que deberá dejarse al Ebro, después de la toma en Tortosa.

Migración de especies

La ministra alega a estas críticas que todo el proyecto es compatible con el entorno si se cumplen las condiciones ambientales recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental y la declaración de impacto ambiental destaca que ha sido la primera vez que se ha estudiado de manera conjunta un proyecto en su totalidad. El caudal ecológico del Ebro se fijará dentro de una horquilla, comprendida entre los 86 y los 143 metros cúbicos, elaborada por el CSIC y en función de unos indicadores ambientales.

La decisión de tomar el agua después de Tortosa y no en Xerta, de donde parten los dos canales del delta, se justifica por que así se evita la afección a Los Barrancos de San Antonio y Lloret, zonas de interés comunitario, y sobre la Margaritifera auricularia, una almeja de río catalogada en peligro de extinción.

La supervivencia del delta del Ebro se deposita en el Plan Integral de Protección para el que se destinarán 560 millones de euros. Su aprobación depende de la Generalitat de Cataluña que ha pospuesto la decisión hasta después de las elecciones autonómicas.

En cuanto a las medidas para evitar la traslocación (migración) de especies invasivas como el mejillón cebra o la almeja asiática desde el Ebro a las cuencas del Júcar, Segura y Sur, el ministerio exige al promotor del trasvase (la empresa pública Trasagua) que no se vierta el agua trasvasada a ningún cauce natural de estas cuencas receptoras. Medio Ambiente confía en que la presión a la que se someterán las larvas de estas especies en la estación de bombeo de Tortosa "provocarán con toda probabilidad su muerte". La canalización sólo contará con una nueva presa de regulación con capacidad para 102 hectómetros cúbicos situada en Monóvar (Alicante).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de noviembre de 2003