El 'amigo americano' contra la hoja de coca

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), columna vertebral de la lucha militar contra el narcotráfico en Bolivia, celebró la semana pasada el 20º aniversario en la provincia de Chapare, territorio renombrado por los cultivos de coca. Los festejos tuvieron como invitado de honor al embajador de Estados Unidos. David Greenlee llegó a la base en un helicóptero militar, departió con la tropa y en su alocución dijo que en Bolivia existen dos Chapares, uno dedicado al desarrollo alternativo y productivo y otro a los conflictos, bloqueos y al tráfico de drogas. La opinión del embajador es referencia obligada en un país cuya estrategia antidroga tiene el sello de EE UU hasta en el detalle más nimio.

La estrategia antidroga tiene el sello de Estados Unidos hasta en el detalle más nimio

"17 años de cultivos alternativos a la hoja de coca no han dado resultado"

Norteamericana es la política de erradicación de cultivos de coca, la logística -helicópteros, transporte terrestre-, la propaganda antidroga en las carreteras y la instrucción que reciben los alumnos del centro de entrenamiento antinarcóticos Garras del Valor, una Escuela de las Américas a pequeña escala. "Sin el soporte de EE UU no podríamos enfrentar esta lucha", asegura el teniente coronel Jaime Cruz, comandante de la Umopar en Chapare. La ayuda de Washington a Bolivia para la lucha antidroga fue en 2002 de 104 millones de dólares, según el Departamento de Estado, incluido el desarrollo de cultivos alternativos, la erradicación y prevención. Éste es el eje de la política norteamericana, con una embajada gigantesca en La Paz que tiene 900 funcionarios, la más numerosa en América Latina después de México.

El fallecido presidente Víctor Paz Estenssoro vaticinó en 1960 que Bolivia erradicaría los cultivos de coca en 20 años, pero el país andino es todavía, después de Colombia y Perú, el mayor productor de la planta con la que se elabora el clorhidrato de cocaína. Siguiendo la carretera desde Cochabamba a Santa Cruz, la vegetación irrumpe en un clima cada vez más tórrido y húmedo a medida que uno se adentra en Chapare, en pleno trópico. En la localidad de San Jacinto está el primer control de Umopar. "No apoyes el transporte de precusores ilícitos para el narcotráfico", "Estamos en lucha contra las drogas. Únete a nosotros", se lee en dos carteles enormes, en castellano y quechua. Hemos entrado en una zona caliente, muy militarizada, donde se libra desde hace tiempo una batalla que empieza a contar muertos. En 2000 los cocaleros bloquearon el país durante un mes, con el corte de todas las carreteras de Chapare. La semana pasada una bomba alcanzó de lleno a un soldado y dejó ciego a otro cuando se dirigían a erradicar una plantación.

Los militares y la Embajada estadounidense acusan a los cocaleros (productores de hoja) de la violencia que aqueja a Chapare. Desde 1997 el Gobierno boliviano está enfrascado en el Plan Dignidad, que inició el ex presidente Hugo Bánzer bajo el lema coca cero para acabar con los cultivos ilegales. Las cifras oficiales indican que desde que se puso en marcha la campaña han sido erradicadas 60.000 hectáreas de hoja, lo que impidió la producción de 230 toneladas anuales de cocaína. En la región de Los Yungas, al norte de La Paz, hay 12.000 hectáreas de cultivo legal de hoja de coca para el consumo de los indígenas, que conservan la tradición de pijchar (mascar) desde la época de los incas.

"Los programas de erradicación han reducido a una mínima expresión la proporción de coca existente en Chapare", explica un informe del Ministerio de Gobierno, que presenta como éxito las 123.000 hectáreas plantadas con cultivos alternativos de banana, palmito, naranja, piña, flores tropicales y maracuyá, la constitución de más de 260 empresas y asociaciones de productores y la creación de 3.900 empleos.

Más allá de las cifras, es muy difícil cuantificar la extensión de cultivos ilegales. Puede haber entre 10.000 y 15.000 hectáreas, coinciden varias fuentes. La DEA (agencia antidrogas de EE UU) utiliza satélites, que no bastan para detectar la coca plantada entre la maleza, la llamada coca enchomada.

El triunfalismo del Gobierno contrasta con la visión de muchos campesinos, de la Iglesia católica y de otros sectores sociales. "Diecisiete años de cultivos alternativos no han dado resultado. El dinero que distribuye la Embajada norteamericana no llega a los campesinos", replica el defensor del pueblo de Chapare, Godofredo Reinicke. "Más del 70% va a reforzar la presencia militar y sólo una pequeña parte se destina al desarrollo alternativo". La consecuencia es que muchos campesinos que prueban cultivos sustitutivos mantienen a escondidas sus plantaciones de coca. La rentabilidad de unos y otros habla por sí sola. Una hectárea de coca da unos 6.500 dólares al año, es muy resistente a las plagas, la planta dura entre 10 y 15 años y no exige grandes labores agrícolas. Como contraste, una hectárea de pimienta rinde 3.500 dólares; una hectárea de plátano, 3.000, y una hectárea de palmito, 1.500. Unas 11.000 familias (de seis miembros cada una) viven de esa nueva actividad, pero la coca aún da de comer a 40.000 familias.

Antes de llegar a Chimoré, la carretera atraviesa Shinahota, un pequeño pueblo con mercado a pie de carretera en el que la compraventa de cocaína era casi libre en los años ochenta. El polvo blanco se conseguía en cualquier puesto callejero. Hoy sólo algunas mujeres venden hoja de coca.

En el hospital de Chipiriri, un pequeño poblado a diez kilómetros de la carretera principal, una campesina llamada Julia cuenta que los militares llegaron y erradicaron todas las plantaciones de coca. "No hay diálogo", dice en quechua. "Entran y cortan todo. Nos amenazan. En la zona donde vivo sólo había coca, nadie cultiva otra cosa". Para llegar a Uncia, la comunidad de Julia, hay que recorrer 75 kilómetros y sortear cuatro ríos sin puentes. Eliminada la coca, los campesinos han empezado a sembrar arroz, piña y plátano, pero la tierra de Chapare, con suelos de 20 a 30 centímetros de capa útil, no es tan benevolente para esos cultivos.

Los pobladores originarios eran los yuracarés, pero en los años ochenta se produjo la colonización de Chapare, procedente de los valles de Cochabamba y de regiones mineras del altiplano como Potosí, Oruro y Sucre. El aumento demográfico del trópico boliviano fue tal que los 32.000 habitantes de 1976 llegaron a medio millón en el momento álgido de la producción de cocaína, en 1982-1983. En estos años Chapare era un territorio al margen de la ley, donde imperaba el orden de los narcos. Eran frecuentes los tiroteos y el aterrizaje de avionetas a plena luz del día en pistas secundarias.

Cuando irrumpió el narcotráfico, el precio de la hoja de coca subía semana tras semana. De 15 dólares la libra (medio kilo) a 500. En las épocas de mayor represión el precio suele descender, ya que los traficantes argumentan que "el trabajo" entraña mayores riesgos.

La coca del Chapare es ideal para producir cocaína, porque tiene el alcaloide necesario para la producción de la droga, dice el teniente coronel Freddy Melo, jefe de operaciones de erradicación. El campesino sabe perfectamente que el destino del 90% de la coca de esta región es el polvo blanco, cuya demanda en cantidad y calidad en los mercados de EE UU y Europa no ha disminuido.