El Gobierno pide ayuda a la sociedad para combatir el plan soberanista de Ibarretxe

El Consejo de Ministros hizo ayer un llamamiento a la sociedad para "detener el mayor golpe y atentado contra la Constitución", desde su aprobación hace 25 años, como calificó al plan Ibarretxe que hoy aprueba el Ejecutivo vasco como proyecto de ley de reforma del Estatuto de Gernika. El ministro Eduardo Zaplana leyó como portavoz del Gobierno una declaración institucional en la que advirtió al Ejecutivo vasco de que se "adoptarán las iniciativas jurídicas y políticas que sean necesarias a medida que se produzcan los acontecimientos" para "hacer imposible el plan secesionista".

El Gobierno decidió ayer escenificar su frontal oposición al plan Ibarretxe con una declaración solemne,para llamar la atención sobre la amenaza de la "quiebra más grave del sistema democrático" por varias razones: por ser un "plan de ruptura del consenso y pacto constitucional"; por ser "incompatible" con el marco constitucional de la Unión Europea; por "excluir a gran parte de la sociedad vasca" a la que "enfrenta" y "fractura"; por "aislarla y empobrecerla"; por "atentar contra los derechos históricos de los tres territorios forales"; "por dar la razón y legitimar políticamente al terrorismo de ETA" y "por conducir a la sociedad vasca al abismo".

El portavoz adelantó, en la propia declaración, la estrategia de respuesta del Gobierno al "plan secesionista". Confirmó, en primer lugar, su garantía de que impedirá que el proyecto salga adelante. Precisó que, para ello, "adoptará en cada momento las iniciativas jurídicas y políticas que resulten necesarias".

No quiso adelantarlas ayer "hasta conocer el texto" del proyecto de ley que hoy dará a conocer Ibarretxe. En cualquier caso, el Gobierno dispone de dos meses de plazo para recurrir ante el Tribunal Constitucional, si bien el recurso entraña una gran complejidad ya que debería interpretarse el proyecto de ley (sólo son recurribles las leyes efectivas) como acto gubernamental.

No obstante, el Ejecutivo baraja varias opciones de respuesta jurídica al plan y considera, a priori, con más posibilidades de éxito el recurso de amparo al Constitucional por "cuestiones de procedimiento" del proyecto de ley en su tramitación en la Cámara vasca.

En cuanto a la respuesta política, Zaplana solicitó, como prioridad, la colaboración del PSOE para "hacer un frente común entre los dos principales partidos constitucionalistas". Confirmó que existe una "comunicación permanente" entre el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Y otorgó especial importancia a la movilización social contra el plan porque "es un desafío a la convivencia y al futuro de la sociedad", para lo que pidió ayuda a los actores económicos y sociales, a los intelectuales, a las asociaciones de defensa de la libertad y a los partidos.