Argentina multa a las filiales de Endesa y Agbar por los cortes del pasado domingo
La sanción, que incluye también a las subsidiarias de EdF y Suez, se eleva a tres millones
El enfrentamiento entre el Ejecutivo argentino y las empresas de servicios por las tarifas se encona. Ayer, el Gobierno de Kirchner aplicó multas por casi tres millones de euros a las empresas privadas a cargo de los servicios públicos de agua y electricidad, a las que hace responsables de los fallos ocurridos la pasada semana. El presidente argentino dijo que no negociaría "bajo presión" el aumento de tarifas que reclaman las empresas, luego de que se produjera un apagón de 30 minutos el pasado domingo y el desabastecimiento de agua que se extendió durante ocho horas ese mismo día en algunos barrios de Buenos Aires.
La relación entre el Ejecutivo argentino y las empresas privadas de agua y energía se encuentra en su punto máximo de tensión. Cada día se cruzan declaraciones y veladas amenazas. Según los portavoces de las empresas del sector eléctrico, "los precios de generación son ridículos. En Europa, el país más barato está en 30 dólares el megavatio/hora, y el más caro, en 50. En la región, el más barato lo tiene en 25 y el más caro en 40. Y en Argentina, antes de la crisis de 2001, estaba en 21, que ya era el precio más barato del mundo. Y ahora está en 10, que es un precio con el cual no hay tecnología capaz de ser construida. Desde 1998 no hay ningún proyecto de inversión en generación de energía, porque no lo puede haber con estos precios".
El jefe del Estado respondió con extrema dureza a las demandas de las empresas a cargo de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, que advierten sobre los riesgos de colapso del sistema. Según Kirchner, "lo que quieren hacer los prestatarios es cubrir con el aumento las inversiones que no hacen desde 1998". El presidente de la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica (ATEERA) y de la empresa Transener, Silvio Resnich, opina que "el presidente y sus ministros hacen un fulbito [juego improductivo] para las tribunas". Resnich estima que el Gobierno ha incumplido el plan para ampliar las redes. A su vez, Kirchner respondió: "Las empresas se dedicaron a transferir rentabilidades al exterior sin realizar las inversiones necesarias, ahora van a tener que cumplir y hablar de cara a la sociedad. Para que el país no sea más extorsionado y dañado, hay que actuar con buena memoria y de manera conjunta. Las empresas buscan que los servicios no funcionen y agudizan las contradicciones".
"Imprevisión e impericia"
El director del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), Carlos Vilas, estima "más que suficiente" el valor de las tarifas actuales para mantener el servicio y evitar cortes de suministro. El ETOSS aplicó a la empresa Aguas Argentinas, subsidiaria de Aguas de Barcelona y de la francesa Suez, la máxima sanción contemplada en el contrato, estimada en 400.000 euros, por "imprevisión e impericia", luego de la interrupción del servicio, que el pasado domingo dejó sin agua durante ocho horas a barrios del norte de Buenos Aires. Vilas recordó que el pasado 3 y 4 de septiembre Aguas Argentinas había incurrido en fallos similares. Para el organismo de control, los problemas se producen por "la falta de profesionalismo en la administración de la empresa".
A su vez, las eléctricas Edenor, controlada por Electricité de France (EdF), y Edesur, participada por Endesa, deberán pagar unos dos millones y medio de euros por incumplimientos de las obligaciones del servicio verificadas entre 2001 y 2003. Las empresas podrán recurrir las multas ante los tribunales si las consideran injustas. Según las compañías, "el sector eléctrico ha recibido multas por valor de 230 millones de dólares desde 1992 por infringir las normas de calidad comprometidas y nunca se le ha condonado ninguna ni le aceptaron los reclamos".
El Ejecutivo no teme a las veladas amenazas de apagones el próximo verano. El informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), de la que participan las empresas del sector y el Estado, observa que el sistema está en mejores condiciones ahora que en los dos últimos veranos. Un directivo de Edesur confirmaba a EL PAÍS que los problemas más serios se producirán en "uno o dos años", aunque "nadie sabe cuándo puede suceder el apagón, lo único seguro es que Argentina se está quedando sin reserva de generación, porque el crecimiento de la demanda es desproporcionado". El canciller Rafael Bielsa consideró "naturales" los reclamos de las embajadas de países europeos en defensa de las empresas, pero dijo también que "las sanciones no han sido monárquicas, fueron tomadas en el marco contractual por el organismo de control".
El apagón de la discordia
Argentina no quedó en ruinas después del terremoto político y económico de fines de diciembre de 2001. El presidente Kirchner asegura que la situación es aún más dramática: "El país quedó sepultado 10 kilómetros bajo tierra". Desde el fondo de ese oscuro pozo, cercado por la demanda del 55% de la población con salarios de cien euros promedio o desempleada y bajo la línea de pobreza, habla cada día el jefe del Estado.
El reclamo de las empresas privadas de servicios públicos, obligadas desde enero de 2002 a cobrar sus servicios en pesos devaluados a la tercera parte y a pagar sus deudas con proveedores externos en dólares, comenzó entonces y se mantiene todavía. El Ejecutivo prorrogó por decretos sucesivos la revisión de los contratos y trató de compensar, también por decreto, a las compañías distribuidoras de gas y electricidad con aumentos promedio del 7% al 9%, que fueron suspendidos por los jueces.
Ambas partes decidieron esperar hasta que un nuevo Gobierno sucediera al de transición que encabezaba Eduardo Duhalde. Las empresas apostaron al retorno del ex presidente Carlos Menem, cedieron sus aviones privados y aportaron fondos millonarios para su campaña electoral. Pero los ciudadanos eligieron a Néstor Kirchner, que proponía un cambio de coordenadas y la recuperación de la autoridad del Estado.
Fue entonces cuando se produjo el apagón. El Congreso autorizó al Ejecutivo a revisar los 63 contratos de concesión de servicios y a considerar aumentos de tarifas sólo si se cumplían los compromisos. La ley fue promulgada ayer y concede plazo hasta diciembre de 2004. Un portavoz del Ejecutivo dijo que "ya se revisaron la cuarta parte de los contratos y hay negociaciones en marcha". El posible acuerdo contempla aumentos "sustanciales" de agua, luz y gas para las industrias y una "tarifa social" sin aumentos para más del 30% de la población.
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