Presupuesto sin horizonte

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 esencialmente continuistas, con una subida del 4,3% en el capítulo de gastos y del 5,2% en el de ingresos. El proyecto mantiene el equilibrio, compensando un pequeño déficit del Estado (0,4% del PIB) con un superávit equivalente de la Seguridad Social, de acuerdo con el amuleto del déficit cero, al que el Gobierno atribuye poderes taumatúrgicos.

La aplicación dogmática del equilibrio presupuestario es discutible cuando se aplica a un país en el que se detectan graves carencias comparativas con Europa en infraestructuras públicas, formación de capital humano y capital tecnológico. La estabilidad presupuestaria es una política defendible siempre que no se convierta en una superstición anual que esterilice la iniciativa inversora o de regulación económica del Estado. En algún momento habrá que prestar atención también a la virtualidad del déficit cero que ofrece el Gobierno, puesto que existen numerosos indicios de que el Ejecutivo elude contabilizar gastos que desplaza hacia circuitos extrapresupuestarios. Las inversiones en infraestructuras de transportes a través de organismos independientes de la Administración o el truco de avalar deuda en lugar de registrar pérdidas (así está disfrazado el agujero de RTVE) son ejemplos de este maquillaje. Con una contabilización más correcta de los gastos reales de las Administraciones públicas, algunas evaluaciones llegan a establecer la hipótesis de que el déficit público no sería inferior al 3% del PIB.

Cuando se desciende al detalle de las partidas se llega a la conclusión de que las cuentas públicas presentadas ayer reflejan simplemente un esfuerzo encaminado a cuadrar la contabilidad y carecen de lo que debe animar todo presupuesto: la vocación de influir sobre el curso de la economía del país. Montoro ha insistido en que las prioridades del Presupuesto se vuelcan en el ámbito de la justicia (para el que se prevé un aumento de recursos del 7,5%), infraestructuras (6,4%), sanidad (5,9%) y seguridad (en torno al 8%). Vanas prioridades, porque si efectivamente se busca mejorar el estado de la justicia, de la sanidad o de las vías públicas con actuaciones significativas, el Estado tendría que aprobar partidas con aumentos superiores a los dos dígitos.

El capítulo de ingresos, continuista y fiado simplemente a la reducción de tarifas del IRPF aplicada en 2003, confirma que estamos ante un Presupuesto anodino. Sus partidas desmienten con hechos las enfáticas declaraciones del Gobierno de que se pretende hacer política económica con el dinero público. No hay apuestas ni compromisos ratificados con dinero; ni estímulo a la inversión, ni incentivos al consumo ni otra cosa que no sea un ejercicio de cuadrar cifras para que la suma sea cero. En lugar de política económica activa, o incluso de electoralismo, el Gobierno propone un curso de contabilidad aplicada.