Kirchner ordena a un tribunal militar juzgar a tres generales que justificaron la represión

Defendieron la tortura como método para obtener la confesión de los detenidos, y justificaron la desaparición de miles de adversarios políticos durante los siete años (1976-1983) que duró la última dictadura argentina. Sus palabras no han quedado impunes. Los generales Reynaldo Bignone (presidente de la última Junta Militar), Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy (ex ministros) serán juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por orden del presidente Néstor Kirchner, quien, en su calidad de comandante, ha firmado el correspondiente decreto.

Las declaraciones de los tres militares fueron difundidas el 1 de septiembre en un reportaje emitido por Canal + Francia y por otras cadenas de televisión de 11 países. El más alto tribunal militar juzgará a los generales por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 758 del Código de Justicia Militar, que establece penas de degradación, reclusión o prisión de hasta cinco años al militar que públicamente agraviare a las Fuerzas Armadas de la nación.

Las declaraciones de los tres generales de la dictadura provocaron gran indignación entre las organizaciones de derechos humanos y la fulminante reacción del presidente de la República, que ordenó la apertura de un sumario judicial.

El general Díaz Bessone, ex ministro de Planeamiento de la dictadura, que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem en 1989, justificó la tortura en estos términos: "¿Cómo se puede sacar una información si usted no lo aprieta, si usted no lo tortura?". Al referirse a los desaparecidos, admitió que fueron fusilados en la clandestinidad, aunque reconoce una cifra muy inferior a los 30.000 que barajan las organizaciones humanitarias. "¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7.000? Al fusilar a tres no más, mire el lío que el Papa le armó a Franco. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar a 7.000 personas", declaró Díaz Bessone ante la cámara. Y añadió: "Si los metíamos en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá, venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad". Francia podría pedir la extradición de este militar por la desaparición en 1976 del estudiante francés Ives Alain Domergue en la ciudad de Rosario.

En el mismo reportaje, el general Bignone, liberado por la Ley de Obediencia Debida y procesado posteriormente por su presunta implicación en el robo de hijos de desaparecidos en los centros clandestinos de detención, admite la desaparición de personas que habían sido capturadas por los militares. Bignone es el único de los tres que está detenido, en su domicilio por tener más de 70 años.

Por su parte, el general Harguindeguy, ex ministro del Interior del régimen militar, indultado por Menem, había declarado en el reportaje: "Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista. Tengo que reconocer que cometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses".

Los tres generales aseguraron que los militares argentinos recibieron instrucción de oficiales franceses, siguiendo las técnicas de guerra sucia que practicó Francia contra el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Argelia. "Los franceses dictaban conferencias y evacuaban consultas. Por algo estaban acá. No cobraban sueldo de gusto", decía Bignone. El Gobierno francés ha rechazado tales acusaciones y a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que son testimonios que emanan esencialmente de individuos que tuvieron responsabilidad directa en graves violaciones de los derechos humanos.

El juicio a los generales Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy coincide con las peripecias en torno a la reapertura de las mayores causas de violaciones de derechos humanos que implican a militares de la dictadura. La polémica recae en la que debe investigar los crímenes que se cometieron en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, que incluye las provincias de Buenos Aires y La Pampa. La causa había recaído en la jueza María Servini de Cubría, quien rechazó el expediente alegando que su marido, el general de brigada retirado Juan Tomás Cubría, está ligado a militares imputados. "No se me puede ordenar investigar a las personas con las cuales mi marido y yo hemos convivido por más de 40 años", manifestó la magistrada.