Desconvergencias

Hace cinco o seis años se puso de moda decir que apenas había diferencias entre las políticas sociales de la derecha y las de la izquierda. No sólo porque los conservadores tuvieran interés en no cambiar mucho las cosas, sino porque sostenían que tampoco las habían cambiado grandemente los socialistas a su paso por el poder. Un estudio reciente de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, dirigido por el profesor Vicenç Navarro, desmiente esas opininones al menos en un aspecto relevante: lo relativo al gasto social.

El estudio constata que hacia 1993 los fondos públicos destinados a financiar sanidad, pensiones, desempleo y demás capítulos sociales suponían el 24% del PIB, a cuatro puntos de la media de la Unión Europea. Esa distancia se había ensanchado hasta 7,2 puntos en el año 2000, y la brecha se ha mantenido. El retroceso ha sido constante desde mediados de los noventa, hasta suponer el año pasado el 19% del PIB.

Es cierto que en todos los países ha bajado el gasto social, y que uno de los factores que lo han permitido ha sido el retroceso del paro en la última década. Pero la diferencia es demasiado elevada como para explicarla con una sola causa. El país que más destina a gasto social es Suecia, con el 32% del PIB, seguido por Francia y Alemania, con el 29%: diez puntos más que España.

Aquí, a causa del franquismo, el Estado de bienestar estaba por construir cuando los socialistas llegaron al poder. En 1982 el gasto público total suponía el 37% del PIB, doce puntos por debajo de la media europea. En 1996, cuando gana Aznar, suponía ya en torno al 50%, del que más de la mitad era gasto social, es decir, el destinado a financiar la universalización de la sanidad, el aumento de las pensiones (que pasaron de absorber del 4,8% del PIB al 8,5%), el aumento de la cobertura del desempleo, la educación (el número de becas se multiplicó por 12), etcétera.

Aunque es evidente que hoy no podría haber un crecimiento similar sin provocar un endeudamiento catastrófico, hay algunos déficit sociales con efectos también muy negativos. El estudio subraya en particular el de la ayuda familiar (guarderías y asistencia a ancianos, principalmente) que permitirían incorporar al mercado laboral a muchas más mujeres. Tales ayudas suponen en España apenas el 0,5% del PIB, cuatro veces menos que la media europea.