"Pida las extradiciones, presidente Aznar"

Hugo Omar Cañón, de 56 años, es fiscal general de la ciudad de Bahía Blanca, ciudad situada al sur de Buenos Aires, y también vicepresidente de la Comisión para la Memoria. Ha declarado ante el juez Baltasar Garzón durante la investigación de los crímenes de la dictadura militar y en las últimas semanas fue recibido en la Casa Rosada por el presidente, Néstor Kirchner. El fiscal Cañón estima que no hay que precipitarse en España por el hecho de que el Gobierno argentino intente desactivar, durante sus primeros 100 días, el andamiaje de impunidad vigente hasta ahora en Argentina. Cañón insta al Gobierno español a aprobar mañana la solicitud de 40 nuevas extradiciones de militares formulada por el juez Garzón el 19 de agosto. El plazo para poder hacerlos termina el 2 de septiembre.

"La generosidad de la intervención de España ha hecho creer que la justicia es posible"

"Las investigaciones, por ejemplo las que desarrolla España, deben seguir adelante"

Pregunta. ¿Cómo valora la nueva orientación de los derechos humanos del presidente Kirchner?

Respuesta. Ha habido un cambio político sustancial en el tema de los derechos humanos. Argentina venía practicando una política sistemática para impedir el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar, por la cual se garantizó la impunidad. El nuevo Gobierno considera que es fundacional para su andadura terminar con la impunidad.

P. ¿Qué quiere decir fundacional?

R. El presidente Kirchner lo tiene muy claro. La verdad y la justicia, sostiene él, son fundacionales. Si Argentina no recupera esos dos valores, tampoco podrán desactivarse los nidos de corrupción económica. Por ello, ha derogado el decreto por el cual el presidente Fernando de la Rúa impedía la extradición de militares antes, incluso, de que los jueces argentinos pudieran pronunciarse, en línea con la política trazada por el presidente Carlos Menem.

P. ¿Por qué Kirchner ha colocado los derechos humanos como prioridad en su agenda?

R. Mi interpretación es que la impunidad es la base de la corrupción. No se puede, por ejemplo, elaborar un plan económico serio, duradero, si no es sobre la base de reglas de juego serias. Las secuelas de la dictadura militar se han vivido en Argentina mucho después de 1983. Hubo alzamientos militares posteriores, como el del teniente coronel Aldo Rico, y que terminó con un cierre de felices pascuas del presidente Raúl Alfonsín, que supuso una claudicación muy seria. A partir de esas circunstancias se dictó la ley de obediencia debida bajo presión militar. La reconstrucción de la justicia ha sido muy gradual. Y la referencia fue España, que permitió rehabilitar la actividad jurisdiccional dentro de Argentina.

P. ¿Este cambio justifica en España una renuncia, para que sea la justicia argentina la que enjuicie los crímenes de genocidio, terrorismo y torturas?

R. Creo que estamos hablando de un proceso muy lento y gradual. El presidente Kirchner, con la derogación del decreto de De la Rúa, estableció un punto de inflexión y abrió la puerta a la intervención de la justicia, para poder determinar en cada caso si corresponde o no la extradición ante el requerimiento de los jueces de España y, también, de otros países como Italia, Francia o Alemania.Kirchner hace vigente la igualdad ante la ley, los militares ya no gozan del privilegio de quedar excluidos frente a una solicitud de extradición. Serán los jueces quienes decidan si corresponde extraditar o no, y luego el Gobierno tomará la decisión, conforme a la ley. En ese camino estamos. Y hay una gran expectativa en Argentina de que las extradiciones puedan concretarse. El presidente Kirchner, en una entrevista que hemos mantenido con él el pasado 7 de agosto de 2003, fue muy explícito. Yo le manifesté la incertidumbre que siempre tenemos en Argentina sobre la posibilidad real de que se celebren los juicios. Me dijo que se comprometía, y lo había hecho ante sus propios hijos, a que los responsables de crímenes fueran juzgados. Si no se podía lograr en Argentina, dijo, estaba la alternativa de las extradiciones. Me dijo que no le iba temblar el pulso a la hora de firmar las extradiciones necesarias, si ese era el camino para asegurar el enjuiciamiento. Por tanto, las investigaciones, por ejemplo las que desarrolla España, deben seguir adelante.Sería muy precipitado que España renunciara a ejercer su jurisdicción, ya consagrada por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a través de los autos de Argentina y Chile de noviembre de 1998.

P. La posibilidad de iniciar los juicios en Argentina todavía debe superar obstáculos...

R. Sí. Tememos, y tenemos razones para ello, que todo pueda quedar aquí en un globo sonda, como han deseado muchas veces los militares argentinos y sus cómplices, que consistiría en lograr que formalmente parezca que se activan los juicios en Argentina para que, al final, las causas queden sepultadas en algún juzgado sin posibilidad real de enjuiciamiento.

P. ¿Qué debería hacerse?

R. Se debería seguir practicar un gradualismo para que, llegado el momento, se celebren los juicios en Argentina. Hay que seguir adelante con la petición de extradiciones, máxime cuando todavía no se ha pronunciado la Corte Suprema argentina respecto a las leyes de impunidad. Porque, más allá de la votación en el Congreso de la Nación anulando las leyes, hace falta un pronunciamiento judicial definitivo para lograr el enjuiciamiento.

P. La última palabra, pues, la tiene la Corte...

R. Sí, en principio sí, aunque existe la posibilidad de un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero supondría una demora injustificable para iniciar los juicios. En la conversación con Kirchner, le señalé que el juicio oral previsto en Madrid, en fecha por determinar, ha supuesto siete años de grandes sacrificios para las víctimas, una acumulación gigantesca de pruebas durante la investigación -yo mismo aporté a Garzón, dentro de las actuaciones, el plan criminal del golpe del 24 de marzo de 1976- y si todo ésto no se aprovecha, podemos caer nuevamente en la impunidad.

P. Como fiscal argentino, ¿no se siente de ninguna manera ofendido en su soberanía?

R. De ninguna manera. La actuación de la justicia española es muy importante. Aquellos que, consciente o inconscientemente, buscan la impunidad, plantean cuestiones de soberanía cuando estos argumentos no pueden prosperar frente a crímenes de lesa humanidad. Nunca dejaré de lamentar como fiscal que lucha por la verdad y la justicia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional esté obstaculizando con cuestiones de competencia jurisdiccional un tema que ya ha sido resuelto. Por eso insistimos en las extradiciones. En la reunión con Kirchner hablamos de ello. Y puedo decirle que él siente verdadera emoción cuando se aborda el tema. La generosidad de la intervención de España ha permitido creer que la justicia es posible.

P. Mucha gente se pregunta en España, en esta situación, si la reciente derogación en Argentina de las leyes mencionada no supone un ejemplo de inseguridad jurídica.

R. Creo que vivimos en una nueva época. Nadie podía imaginar durante la etapa de Hitler que iban a tener lugar los juicios de Núremberg, por ejemplo. Tampoco imaginábamos que, en 1987, la Cámara Federal de Apelaciones, ante la cual yo actúo, podía declarar la nulidad de la ley de obediencia debida y que este tema se podría replantear. Estos procesos, insisto una vez más, son graduales. Tenemos el derecho internacional y los principios de justicia universal. Es el respeto de estas reglas de juego lo que aportará seguridad jurídica.

P. ¿Alguna recomendación al Gobierno de José María Aznar?

R. Esperamos que el Consejo de Ministros de mañana, viernes, curse la solicitud de extradición. Es el deseo de una gran parte de los jueces y del Gobierno argentino. No tengo inconveniente en decir aquí lo que ya le he solicitado por correo electrónico al presidente del Gobierno, José María Aznar. Pida las extradiciones, señor presidente. No lo dude.