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Cuatro testigos acusan al ex militar Cavallo de torturas y desapariciones en Argentina

La Fiscalía no asiste a la declaración de los torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada

Cuatro antiguos prisioneros de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), escenario de los peores episodios de torturas y asesinatos de la dictadura militar argentina, relataron ayer al juez Baltasar Garzón las torturas a las que sometía a los detenidos el ex oficial Ricardo Miguel Cavallo, extraditado a España por México el pasado mes de junio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que rechaza la competencia de los tribunales españoles para juzgar a Cavallo, no envió a su representante, el fiscal Pedro Rubira. Tampoco los abogados del antiguo represor asistieron a las declaraciones.

El profesor de primaria Osvaldo Barros y su esposa, Susana Leirache, estuvieron detenidos seis meses en la ESMA, entre agosto de 1979 y febrero de 1980. A Cavallo, alias Sérpico, lo conocieron en el Sector 4, en el que permanecieron sus primeros cuatro meses de detención, sometidos al "régimen de la capucha", tirados en una colchoneta, con grilletes en las manos los y pies y permanentemente encapuchados.

Cavallo era "un tipo muy duro, frío, adusto y de pocas palabras", explicó al juez Baltasar Garzón el antiguo maestro Osvaldo Barros. "Tenemos referencias de sus actividades en la ESMA desde 1976. Después de un periodo fuera vuelve a la ESMA en 1978 como responsable de Inteligencia y de La Pecera".

Según Osvaldo Barros, todos los oficiales destinados a la ESMA, incluido Cavallo, "participaban en los secuestros, las torturas y los interrogatorios". Además, dos detenidas, una luego liberada y otra aún desaparecida, le dijeron a Barros que habían sido torturadas por Cavallo.

"Los secuestrados en la ESMA fuimos torturados física y psíquicamente. Con golpes y electricidad, pero también estando inmóviles, incomunicados, sin comer, pensando las 24 horas del día, sin noción del día o la noche y escuchando el roce de los grilletes de los que estaban al lado", declaró Susana Leirache.

Tras un tiempo en una isla en el río Paraná para ocultarlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviados al país por la OEA para investigar las denuncias de torturas, fueron conducidos de nuevo a la ESMA y pasaron a trabajar en La Pecera. Esta dependencia fue definida por Susana Leirache como "un lugar todo transparente, donde todo el mundo te veía. Parecías un trofeo, como algo curioso que los militares mostraban a los oficiales de policía".

La Pecera, ubicada en el último piso de la ESMA, fue uno de los principales centros de represión del régimen y por el que pasaron más de 4.000 personas, de muchas de las cuales no se ha vuelto a tener noticias.

Opinión determinante

"Todas las personas que estaban en La Pecera eran responsabilidad de Cavallo, al que nosotros conocíamos como Marcelo y, si bien la decisiones se tomaban entre todos los oficiales, la opinión de él era determinante para la vida de los detenidos", añadió Osvaldo Barros después de declarar ante Garzón. Cavallo era el encargado de ese sector, en donde los detenidos cumplían tareas administrativas y de seguimiento de publicaciones periodísticas.

"La misma noche de febrero que nos liberaron a mí y a mi esposa, los otros detenidos de La Pecera, entre los que estaban la española Elsa Martínez y su esposo Raimundo Villaflor, fueron devueltos al régimen de capucha. Desde esa noche permanecen desaparecidos", aseguró Barros.

Garzón también tomó declaración a Nora Cozzi, que fue secuestrada junto a esposo en su casa de la localidad bonaerense de Morón y que estuvo en la ESMA entre agosto de 1979 y febrero de 1980 y a Carlos Lordkipanidse, quien fue secuestrado por un grupo armado durante la dictadura y permaneció cautivo dos años y medio en la ESMA.

El juez tomará declaración hoy a otros tres testigos: Ana Testa, que fue torturada personalmente por Cavallo para tratar de averiguar dónde se escondía su marido; a su hermana, Silvia Testa, y a Consuelo Orellana, quien afirma que Cavallo fue uno de los responsables del secuestro de su marido, Néstor Ardetti.

Cavallo está imputado por Garzón en delitos de genocidio y terrorismo. En principio también estaba acusado de torturas, pero el juez mexicano que accedió a la extradición consideró ya prescrito ese delito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de agosto de 2003