Un tribunal argentino confirma la competencia del juez Garzón

La Cámara del Crimen, tribunal de alzada de los juzgados federales argentinos, consideró que el juez español Baltasar Garzón es competente para entender en los procesos iniciados en Madrid contra militares argentinos por delitos contra la humanidad al desestimar un recurso de habeas corpus del abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa.

Este abogado, a quien se conocía como Teniente Vaca en los sótanos de la Escuela de Mécanica de la Armada y al que se acusa de participar en los llamados vuelos de la muerte donde se arrojaban prisioneros vivos al mar, es el único civil de los 46 imputados por graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar de los años setenta que fueron arrestados provisionalmente, a petición del juez Baltasar Garzón, hasta que se decida sobre si procede o no la extradición a España.

Los jueces de la Sala uno de la Cámara, Edgardo Donna y Mario Filozof, coincidieron en su resolución en que "se está frente a un pedido de un juez natural de la causa, en este caso el de España, habida cuenta que se trata de delitos contra la humanidad, en donde está en juego el principio de justicia universal".

Por su parte, los defensores de Videla reclaman que se aparte del expediente al juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, a quien no consideran "independiente e imparcial" después de que se publicaran unas declaraciones suyas en el periódico La Nación de Buenos Aires. El titular de la entrevista, en el que se leía "Ante Videla sentí la presencia de la decadencia humana", no reflejaba con exactitud las palabras ni el espíritu de la declaración del juez Canicoba Corral, que había respondido en los siguientes términos: "Lo más notorio es la presencia de la decadencia humana. Por el transcurso del tiempo, por las circunstancias, estas personas que fueron tan poderosas, ahora uno las ve y son... personas mayores. Es la sensación... de que a todos nos llega".

Leyes de punto final

Más de 180 organizaciones vecinales, sociales, defensoras de los derechos humanos y partidos políticos convocaron a los ciudadanos a concentrarse hoy frente a la sede del Congreso para seguir el comienzo del debate en la Cámara de los Diputados sobre la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que podría extenderse a los indultos a procesados y condenados concedidos por el ex presidente Carlos Menem.

El peronismo, con mayoría en ambas cámaras, propone iniciar la sesión y pasar a un intermedio de una semana para discutir un proyecto único con los grupos de centro izquierda. De ser anuladas o declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, podrían reabrirse los procesos contra 2.395 miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de los servicios de espionaje durante la dictadura militar, denunciados por delitos de lesa humanidad, secuestros, torturas, homicidios, robo de niños nacidos en cautiverio y la desaparición de miles de personas entre 1976 y 1983.