Argentina ratifica el tratado que considera que los crímenes de guerra no prescriben
La decisión se produce la víspera del debate para derogar la Ley de Punto Final
El Gobierno argentino se adhirió a la Convención Internacional cuyos postulados consideran que los crímenes de guerra y lesa humanidad no prescriben, según anunció el ministro de Justicia y Seguridad del país, Gustavo Beliz. "Verdad y justicia, no impunidad", ha dicho en rueda de prensa al informar acerca de la firma del decreto por el presidente Néstor Kirchner.
Argentina se adhirió a esa convención de las Naciones Unidas a mediados de la década de los años ochenta y en 1995 el Parlamento avaló por ley esa decisión, pero desde ese entonces faltaba la ratificación gubernamental para que entrara en vigor.
La decisión del Gobierno de Kirchner se produce en la víspera de una sesión de la Cámara de Diputados citada para debatir un proyecto del bloque de Izquierda Unida para anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas también de impunidad por los organismos de derechos humanos.
En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos políticos y civiles, pero el que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos quedó aplazado, pese a que algunos legisladores intentaron darle rango constitucional.
La actuación del juez Garzón
El debate sobre las llamadas leyes de impunidad de Argentina, promulgadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, dictada por el juez Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas perpetrados durante el régimen militar.
El juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral atendió hace tres semanas la petición de su colega de la Audiencia Nacional y mandó encarcelar a los acusados mientras se tramita la extradición. La ratificación gubernamental de la convención de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a la reanudación de los juicios contra los militares y policías que actuaron en la cruenta represión ilegal del régimen militar sin necesidad de que el Parlamento anule las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, según defensores de los derechos humanos.
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