Una huelga de funcionarios desafía las reformas en Brasil

La huelga de los funcionarios públicos brasileños contra los proyectos de reforma presentados por el Gobierno sobre la Seguridad Social sigue por tiempo indefinido, pero con escasa simpatía popular ya que, como titularon ayer algunos diarios nacionales, se trata de una huelga atípica más bien "para defender privilegios" y no para reivindicar derechos. El paro funcionarial desafía las reformas sociales de Lula.

Lo que preocupa al Gobierno de Lula es la presión que el Poder Judicial, sobre todo, está ejerciendo sobre el Parlamento y sobre los partidos aliados del Gobierno para que la reforma mantenga algunos de los viejos privilegios. La huelga, de la que se han desmarcado incluso los sindicatos que hasta ahora arropaban a los funcionarios públicos, preocupa poco al Gobierno, ya que está teniendo poco seguimiento y porque la opinión pública sabe que está atizada por categorías de funcionarios que hasta ahora habían gozado de mayores privilegios.

La opinión pública es consciente de que dichos funcionarios en huelga no arriesgan nada, ya que no pueden ser despedidos y que, al revés, podrían comprometer una reforma que está pensada en clave social para intentar una mejor distribución de la renta en este país.

Lo difícil para el Gobierno va a ser, según indicaban ayer todos los comentaristas políticos, librarse de las presiones sobre todo del Poder Judicial que, más aún que el Ejército, insiste en corregir el proyecto de ley presentado al Parlamento para continuar con algunos de los privilegios de la categoría como, por ejemplo, el de las jubilaciones integrales de sueldos, que suelen ser fabulosos. Y quieren que dichos privilegios puedan alcanzar también a los que hoy comienzan la carrera. Ceden sólo en lo referente a la edad de las jubilaciones, que en el futuro deberían ser a los 60 años, y en el tiempo necesario de servicio para poder jubilarse con el sueldo íntegro.

En realidad se trata más bien de un problema psicológico, ya que Lula había asegurado que la reforma iba a unificar las jubilaciones del sector público con el privado para que no hubiera en el país dos categorías de ciudadanos. Ceder ahora sería como renunciar a algo muy simbólico de su empeño de justicia social, aunque nadie duda de que el Gobierno acabará aprobando el proyecto de reforma por lo menos en su aspecto básico sin tener que ser retirado, como pretenden los huelguistas.

Curiosamente, el mundo empresarial presiona al Gobierno para que no ceda en lo que constituye la espina dorsal del proyecto, convencidos de que dicha reforma supone un cambio importante en el lanzamiento de la economía del país.