Kirchner promete recuperar la memoria y la justicia para las víctimas de la dictadura

Un día antes de iniciar su primera gira europea, que comienza oficialmente el próximo domingo en Londres y concluye el jueves 17 de julio en Madrid, el presidente argentino, Néstor Kirchner, dejó claro ayer que se dispone a derogar el decreto del Ejecutivo firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Ese decreto obliga a rechazar automáticamente las peticiones de tribunales extranjeros para que se detenga y se extradite a militares argentinos acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

El presidente Kirchner aseguró: "Argentina volverá a la justicia y a la memoria, yo creo en la justicia y en la memoria". Las fuentes de los ministerios de Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores coinciden: "Serán los jueces los que deban resolver en cada caso". El ministro de Exteriores argentino, Rafael Bielsa, advierte de que el problema no se resuelve únicamente con la derogación del decreto.

La solución jurídica prevista por el Ejecutivo incluye además la modificación de la ley 24.767, de cooperación internacional en materia penal. Según Bielsa, "los jueces tienen ahora la obligación de detener a la persona cuya extradición se pide, por eso sería mejor que la ley dejara librada la decisión a criterio de cada juez y dijese, en lugar de 'debe librar', algo así como 'podrá librar orden de detención, cuando la peligrosidad procesal lo justifique".

El general retirado Martín Balza, comandante en jefe del Ejército de Tierra hasta 1999, que hizo una autocrítica pública en 1995 y recibe todavía hoy amenazas de muerte por recordar a los militares que "delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales y delinque quien cumple órdenes inmorales", decía ayer en una conversación con EL PAÍS que "el decreto nunca debió dictarse. Ahora, quien no juzga, extradita. Aquí se debe juzgar a todos los que cometieron delitos".

Cumplidores de órdenes

"Será en esos procesos donde se ventilará autoría, complicidad, causales de justificación y demás. Lo que no puede suceder es que las más altas jerarquías se encuentren beneficiadas por leyes o por indultos y quienes eran meros cumplidores de órdenes a las que no podían revisar por correr riesgo su propia vida estén respondiendo hoy ante la justicia, como sucede en el juicio por la masacre de Margarita Belén, donde el responsable era el general jefe de la zona, que en aquella época actuaban de forma descentralizada y tenían más poder que el comandante en jefe. Ellos no pueden decir: 'me obligaron", señaló Balza.

Diez oficiales del Ejército de Tierra, tres de ellos en activo, permanecen detenidos en una base de la ciudad de Resistencia, en la provincia de El Chaco, al norte del país, acusados de participar en el asesinato masivo de prisioneros políticos que se produjo en las cercanías del pueblo de Margarita Belén en diciembre de 1976 durante un traslado nocturno desde el penal de Resistencia hasta el de Formosa. El general Ricardo Brinzoni, sucesor de Balza en la jefatura del Ejército de Tierra y reemplazado ahora por decisión del presidente Kirchner, podría ser imputado también en este proceso porque en 1976 era secretario del Gobierno Militar de la provincia de El Chaco.

El canciller Bielsa opina que "hay una tendencia a creer que problemas tan complejos como éste se resuelven sencillamente". Argentina tiene tratados de extradición distintos con cada país, y con otros, como Francia, no hay acuerdos firmados. El Gobierno se adhirió a la Convención contra la Tortura en 1987, y allí, como en el artículo 118 de la Constitución, se contempla el principio de extraterritorialidad que contradice el decreto firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa, que ordenó en diciembre de 2001 rechazar las peticiones de extradición "por hechos ocurridos en el territorio nacional".

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron declaradas nulas por algunos jueces y el Supremo debe decidir todavía si son o no constitucionales. Bielsa dice que "si la Corte las declara inconstitucionales o el Congreso deroga esas leyes, no habría entonces motivos para conceder las extradiciones porque los acusados podrían ser juzgados en el país". Los militares acusados no pueden salir del país y algunos mayores de 70 años, como el ex dictador Jorge Videla, permanecen detenidos en sus casas, acusado del robo de niños nacidos en cautiverio. La mayoría de los principales acusados, incluso los beneficiados por el indulto y las leyes de amparo, siguen sometidos a proceso en las causas por el robo de niños, que no prescriben, y deben presentarse a declarar cuando son requeridos en los llamados "juicios por la verdad", donde se investiga el destino final de los ciudadanos desaparecidos.