Greenpeace logra que Cascos rebaje la fianza al 'Rainbow Warrior'

El Ministerio de Fomento, que dirige Francisco Álvarez Cascos, redujo ayer de 300.500 euros a 6.000 la fianza impuesta a Greenpeace sobre el buque Rainbow Warrior después de que le abriera un expediente sancionador por impedir la entrada del barco Honour en el puerto de Valencia en la madrugada del pasado 13 de junio. La organización ecologista abordó el Honour como denuncia del comercio de madera de empresas acusadas de tala ilegal a gran escala. Greenpeace presentó alegaciones al expediente por el hecho mismo de haberse abierto y por la elevada cantidad de la fianza, sobre la que en reiteradas ocasiones el director ejecutivo de la organización en España, Juan López de Uralde, dijo que no se iba a pagar.

Ayer, a las 13.30 y por sorpresa, Fomento convocó a los representantes de Greenpeace y les comunicó la rebaja. Lo hizo después de que durante la inmovilización del buque no hubiera dado públicas explicaciones sobre la apertura del procedimiento sancionador. En síntesis, el ministerio argumenta ahora lo contrario de lo que sirvió precisamente para dar curso a la apertura del expediente. Continúa considerando como "falta muy grave" la acción que impidió el normal desarrollo de la maniobra de atraque en el puerto de Valencia del Honour. Pero mientras inicialmente esa calificación servía para sustentar la elevada fianza impuesta, ahora "se considera suficiente una fianza inferior".

Fomento ha estimado también la alegación de Greenpeace en la que expuso que su objetivo no era el lucro personal. Por ello Fomento recoge en el documento de dos hojas entregado a la organización que "los hechos que han dado lugar a la iniciación del presente expediente no han tendido a la obtención de interés o provecho personal alguno, descartándose por tanto la existencia de un fin de ánimo de lucro".

Greenpeace expuso inicialmente a Fomento que, a pesar de que el expediente se abrió contra el armador del Rainbow Warrior, la empresa holandesa Marine Services, y contra el capitán del mismo, el estadounidense Joel Stewart, debía considerarse que la organización tenía sede en España con domicilio conocido.

Tres semanas varado

Fomento reconoce que, "aunque los expedientados carecen de nacionalidad española, es de tener en cuenta, en este caso, que la entidad a la que en definitiva prestan sus servicios, Greenpeace, está representada en España y respondería de cualquier resultado o responsabilidad que pudiera derivarse del procedimiento sancionador". Fomento recoge como argumento para la rebaja que "procede tener también en cuenta el tiempo ya transcurrido desde el pasado 13 de junio y las consecuencias inherentes a dicha retención que han venido experimentando los interesados".

López de Uralde manifestó ayer que "finalmente se ha impuesto el sentido común". Y agregó: "De cualquier forma, continuaremos defendiendo en los tribunales la ilegalidad de este expediente, pero este barco debe seguir su trabajo en defensa de los bosques y el medio ambiente". Greenpeace tiene previsto depositar el aval para la fianza de 6.000 euros el lunes, por lo que el Rainbow Warrior podría abandonar Valencia el próximo martes.