Kirchner quiere abrir la vía para la extradición de militares argentinos

El presidente argentino, Néstor Kirchner, trasladará a los tribunales las peticiones de detención con vistas a extradición de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de los años setenta, libres de proceso en Argentina por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El presidente o el Parlamento deben derogar antes el decreto 1.581 de 2001 que invoca el "principio de territorialidad" para rechazar las peticiones.

El abogado argentino Carlos Slepoy, residente en Madrid y representante de las víctimas, confirmó en Buenos Aires que el juez español Baltasar Garzón "va a reenviar a Buenos Aires el pedido de detención y extradición de 46 ex altos mandos de las fuerzas armadas acusados de secuestros, torturas, asesinatos y la desaparición de miles de ciudadanos entre 1976 y 1983". Los diputados socialistas Jorge Rivas y Oscar González ya han presentado un proyecto para que sea el Congreso quien derogue el decreto.

La designada secretaria de Derechos Humanos, Alicia Oliveira, dijo que "Argentina debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de juzgamiento en relación a los derechos humanos y, si no puede juzgar a los acusados porque existen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tiene la obligación de extraditarlos". Oliveira aún no asumió formalmente su cargo. El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, coincide en que el decreto debería ser derogado porque "es una norma de rango inferior que vulnera a una de rango superior, como es la ley de extradición".

El abogado de la acusación popular, Carlos Slepoy, exiliado en España desde 1977 tras permanecer casi dos años secuestrado, dijo ayer a EL PAÍS que confiaba en la voluntad política de Kirchner, "porque éste es un momento trascendente de la historia argentina y, a pesar de las enormes presiones, el presidente parece dispuesto a tomar decisiones importantes".

Si el decreto es derogado, el Ejecutivo debería trasladar a los tribunales federales de Argentina la solicitud de Garzón y todas las que puedan llegar desde otros países europeos donde también se tramitan causas pendientes. Serán los jueces argentinos los que deberán resolver en cada caso. El auto de detención de 48 militares sobre 98 procesados, rechazado hace dos años, se redujo ahora a 46 por la muerte de dos de los oficiales acusados. Entre esos 46 se encuentran los ex comandantes del Ejército de Tierra y de la Marina, Jorge Videla y Emilio Massera, los principales responsables de los campos de concentración de prisioneros durante la dictadura, y algunos de los miembros más temibles de los grupos de tareas, como el ex capitán de navío Alfredo Astiz.

Eduardo Valdés, jefe del gabinete de asesores de Bielsa, dijo que "lo que no se juzgue en Argentina se va a juzgar en otros tribunales del mundo". El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, coincidió en que "el Estado argentino debe recuperar autoridad moral, la principal seguridad jurídica es que se termine la impunidad".