Nuevo golpe judicial contra la impunidad del Ejército argentino

La orden de detención dictada por un juez federal argentino contra una decena de militares implicados en una matanza, y la inminente extradición a España de un antiguo torturador de la Marina suponen una reactivación de la lucha contra la impunidad, en la que se han amparado durante más de una década los militares argentinos acusados de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura.

"Espero que todos los jueces actúen como corresponde y de acuerdo a lo que establece la Constitución", declaró ayer a este diario Carlos Skidelsky, juez federal de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, que ha ordenado la captura de 10 militares, tres coroneles en activo y siete oficiales retirados, por su participación en la tortura y ejecución de 22 detenidos políticos el 13 de diciembre de 1976, en plena dictadura. Los 10 acusados viajaban en un convoy que trasladaba a un grupo de detenidos políticos del centro penitenciario de Resistencia. Posteriormente fueron golpeados, torturados y ejecutados. Algunos de los cuerpos nunca aparecieron. Según la versión oficial, los detenidos murieron cuando intentaban huir tras un ataque contra el convoy.

El último jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, que fue pasado a retiro por el presidente Kirchner, admitió públicamente hace dos años que la supuesta huida fue en realidad una ejecución encubierta. Cuando se produjeron los hechos, Brinzoni era secretario del Gobierno militar en la provincia del Chaco, por lo que podría ser llamado a declarar. La identidad de los militares que viajaban en el convoy ha sido confirmada por el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas. El juez les acusa de homicidio calificado por alevosía y de desaparición forzada de personas, delitos por los que podrían ser condenados a cadena perpetua.

La orden ya está en manos del Gobierno de Néstor Kirchner, que a través de los Ministerios de Justicia y de Defensa ha dado instrucciones para su cumplimiento. El juez Skidelsky declaró en 2002 la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que garantizan la impunidad de los militares de la dictadura. El futuro de estas cuestionadas leyes está en manos de la Corte Suprema. Skidelsky apreció la colaboración del nuevo Ejecutivo, aunque se limitó a decir: "No conozco ni me interesa la reacción del Gobierno y de los militares. Yo soy un operador de la Constitución, más allá de los intereses políticos".

Obligados a guardar silencio, los uniformados resoplan ante la nueva embestida judicial cuando todavía no se han repuesto del relevo de gran parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas decidida por Kirchner, en una de sus primeras medidas como nuevo presidente. Asimismo, observan con inquietud la predisposición del Gobierno a no interferir contra la extradición desde México a España de Ricardo Miguel Cavallo, oficial del antiguo centro de detención y tortura conocido como Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Descubierto en su refugio mexicano, Cavallo fue detenido en agosto de 2000, tras lo cual el juez Baltasar Garzón pidió su extradición por los delitos de genocidio y terrorismo. Tras un largo periplo judicial, el Gobierno mexicano dio esta semana la luz verde para la entrega del oficial a España. Argentina no pedirá clemencia para Cavallo ni apelará al principio de territorialidad, con el que los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa rechazaron los reiterados requerimientos de Garzón de detener con fines de extradición a 48 jefes militares de la dictadura, que incluyen nombres como Videla, Massera y Galtieri (ya fallecido).

En un gesto para garantizar la independencia judicial, Kirchner firmó ayer un decreto que limita sus atribuciones a la hora de nombrar a los futuros integrantes de la Corte Suprema.