Piqué admite que el Gobierno no ha sabido impulsar el plan Info XXI
El nuevo marco de la sociedad de la información tendrá recursos presupuestarios concretos
El plan Info XXI, que arrancó hace tres años para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información, no ha cumplido sus objetivos. El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, admitió ayer que se ha visto lastrado por un "insuficiente liderazgo" político y anunció su intención de presentar este mes un nuevo marco en el que estén definidos tanto los recursos presupuestarios como los responsables políticos que lo ejecutarán. Muestra del fracaso del Info XXI es el porcentaje de hogares españoles conectados a Internet: el 30%, frente al 40% de la media europea.
Los portavoces del PSOE y de CiU en la comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso no dudaron en calificar de "fracaso" el plan Info XXI. Piqué, sin embargo, habló de luces ("muchas") y sombras ("algunas"). Y argumentó que en 2000, apenas el 9% de los hogares españoles estaba conectado a Internet, cifra que subió al 30% en 2002. Pese a todo, España sigue en el furgón de cola europeo. La media de los Quince se sitúa en el 40%.
El Info XXI, presentado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en enero de 2001, se asentaba en un presupuesto de 5.000 millones de euros durante tres años. "Ninguno de los objetivos se han cumplido", subrayó ayer el senador socialista Félix Lavilla. "El Info XXI era un refrito de actuaciones que ya se venían realizado", añadió. Y puso como ejemplo el fracaso en el proyecto de crear puntos públicos de acceso gratuito para los ciudadanos o la escasa ejecución en las áreas de educación. El Gobierno anunció hace un año una inversión de 272 millones de euros dentro del programa Internet en la escuela, para incentivar el uso de las nuevas tecnologías en la comunidad escolar.
Tampoco la expansión de ordenadores personales, una de las claves del avance de la sociedad de la información, es la prevista en el Info XXI. Piqué reconoció que el 54% de los hogares españoles carece de ordenador y atribuyó este retraso a que los ciudadanos no han percibido las ventajas de las tecnologías de la información. El precio, no es, en su opinión, una barrera. De modo que la solución tampoco pasa por subvencionar su compra. "En España, lo normal es no tener ordenador", criticó el diputado de CiU, Jordi Jané, para quien el hecho de que el país ocupe el quinto puesto en cuanto a Administración electrónica, no evita que figure en el furgón de cola en la utilización de las nuevas tecnologías.
La portavoz socialista, Francisca Pleguezuelos, subrayó el carácter estratégico del Info XXI y lamentó el tiempo perdido. Recordó que el gasto tecnológico en España está anclado en el 1,9% del PIB, porcentaje que en los países desarrollados equivale al 7%.
Para detectar los puntos negros de la sociedad de la información, la Comisión Soto, constituida por un grupo de expertos liderados por Juan Soto, propuso el pasado abril la necesidad dar un "golpe de timón" en la gestión. Instaba a la Administración a definir un plan general, llamado a sustituir al Info XXI, con programas que pudieran ser cuantificados a corto plazo. Advertía de que el nuevo marco deberá contar con "suficiente liderazgo político" y asentarse en un "pacto nacional" con partidos políticos, sindicatos, patronales y usuarios. También abogaba por una gestión empresarial, con recursos suficientes y responsables con capacidad de ejecución y bajo una sola dirección.
Los expertos propusieron potenciar la formación, reforzar la apuesta por la Administración electrónica, equiparar el "mundo Internet" al "mundo físico", acelerar la entrada en Internet de los ciudadanos e impulsar las nuevas tecnologías en las empresas.
El ministro de Ciencia y Tecnología aseguró ayer que el nuevo plan podría ser aprobado este mes por el Consejo de Ministros. Y anunció que en esta ocasión irá acompañado de sus correspondientes partidas presupuestarias. El PSOE expresó su apoyo al desarrollo de la sociedad de la información y CiU, reclamó "tarifas planas y no onduladas" para acceder a Internet y un mayor peso de las autonomías.
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