El 'decretazo' europeo

El nivel de protección social europea no tiene rival. Sólo en pensiones la UE, así como la mayoría de los países que próximamente se incorporan al club, gasta alrededor del 10% de su PIB, el doble que el resto de los países industrializados, como Australia, Canadá, Japón y EE UU.

Pero los indicadores económicos son adversos por tercer año consecutivo. Los niveles de desempleo europeo superan con creces a los de Estados Unidos y Japón y las previsiones en este capítulo son sombrías. El crecimiento está prácticamente estancado en el 1,3% para este año y la recesión amenaza, imposibilitando a los grandes de Europa, como Francia o Alemania, a cumplir con el Pacto de Estabilidad que ellos mismos lanzaron para contener el déficit y la deuda pública. Alemania, el país más poblado de la UE y uno de los más ricos, tendrá este año un déficit público del 4% del PIB, según aseguraba esta misma semana el Financial Times.

El desempleo español es uno de los más altos de Europa, y su mercado laboral, el más precario

Dentro de siete años, los europeos nacidos en pleno baby-boom empezarán a jubilarse ejerciendo una presión financiera sin precedentes en los sistemas de pensiones. El Banco Mundial predice en un informe presentado el pasado jueves que en 2050 el número de jubilados en la Unión Europea será exactamente el doble que el actual. Una presión que será especialmente elevada en Italia y en España, donde por cada 100 personas en edad de trabajar habrá casi 66 con más de 65 años, o sea, dependiente de una pensión.

Todos los actores sociales, incluidos los sindicatos, están de acuerdo en que las reformas son necesarias, pero discrepan en lo sustancial: el tipo de reforma y la forma de acometerla. Para empezar, en la Comisión Europea dudan de que los momentos de crisis sean los mejores para introducir estos cambios. Si el problema demográfico, por ejemplo, es un asunto a medio y largo plazo, ¿por qué no reformar el sistema de pensiones en tiempos de bonanza, cuando la ciudadanía lo perciba con menos dramatismo?

Pero la Comisión Europea también defiende a capa y espada el Pacto de Estabilidad, acordado cuando la previsión de crecimiento de la UE triplicaba a la actual. "En aras de mantenerlo, los gobiernos optan por lo más fácil: el recorte de las prestaciones sociales mientras bajan los impuestos y fomentan la inversión en capitales", dice Tony Ferrer, responsable de acción sindical de UGT. "Es evidente que va a disminuir la generosidad del sistema de algunos países", dice Ralf Jacob, de la Dirección de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. "Hay un retroceso evidente de la Europa Social porque se están imponiendo la dinámica intergubernamental. Eso se está percibiendo incluso en la confección del Tratado Constitucional europeo", asegura la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, coautora del informe publicado recientemente sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Las medidas que los gobiernos pretenden adoptar van en la misma línea que el decretazo español finalmente aparcado: facilitar los despidos, como quiere Italia anulando el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores (ver la pieza adjunta), restringiendo los subsidios de paro como proyecta Alemania, ampliando el número de años de cotización como quiere Austria y reduciendo las pensiones como prevé Francia.

La gran diferencia entre estos países y España es su nivel de partida. Todos ellos, excepto Italia, tienen un estado de bienestar mucho más desarrollado, con un gasto de entre el 28% y el 31% de su PIB frente al 22% español. El desempleo español es uno de los más altos de Europa y su mercado laboral, el de mayor precariedad laboral. Un factor secundario pero a tener en cuenta es también la forma en como los gobiernos negocian e informan sobre sus proyectos de reforma, uno de los puntos débiles del decretazo español.

"Acometer reformas cada poco tiempo en vez de afrontar un cambio sustancial y bien razonado ante la opinión pública crea incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos", dice Robert Holzmann, director de la Unidad de Protección Social del Banco Mundial y coautor del estudio sobre las reformas de las pensiones en Europa presentado esta semana en Bruselas.

La reforma lanzada por Silvio Berlusconi el pasado año está parada en el Parlamento, pero el Partido Refundación Comunista, apoyado por el sindicato más importante del país (la Confederación General Italiana del Trabajo) ha conseguido medio millón de firmas para celebrar un referéndum (que casi todos los partidos de izquierda rechazan) no sólo para parar la anulación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores (véase pieza adjunta), sino para reforzarlo. La iniciativa del referéndum convocado para el 15 de junio próximo persigue ampliar el derecho de readmisión a los trabajadores de todas las empresas, sea cual sea su tamaño.

Austria, por su parte, es uno de los países europeos que más ha desarrollado el sistema de bienestar social. Tiene un nivel de paro envidiable y es el campeón europeo en gasto en jubilaciones a pesar de no estar entre los más envejecidos. El frenazo actual que suponen las reformas lanzadas por el conservador Wolfgang Schüssel ha generado la primera huelga nacional después de cincuenta años de paz social.

Los sindicatos austriacos han anunciado nuevas movilizaciones para este próximo martes. Y ello a pesar de que una de las patas de la reforma, la de retrasar la edad de jubilación, sigue una directriz que pocos discuten. "Mejorar los incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan más tiempo en el mercado laboral será especialmente importante", dice el informe conjunto de la Comisión y el Consejo europeo de marzo pasado. El problema es que apenas el 20% de los europeos está de acuerdo en prolongar la vida activa aunque la edad efectiva de abandono del mercado laboral está situada en la UE en los 59,9 años.

Alemania, por su parte, sigue pagando el alto coste de la reunificación. El motor europeo muestra síntomas preocupantes de estancamiento y, según las últimas previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea, puede entrar en recesión con un euro fuerte, como es el caso de las últimas semanas, que frene sus exportaciones. El comisario europeo de Asuntos Económicos, el mismo que ha tenido que llamar la atención a Gerhard Shröder, ha declarado públicamente que las reformas que rechazan los sindicatos están en el buen camino.

Francia, que ya acometió una importante reforma en el sector privado, se enfrenta ahora a unas medidas en el sector público que incentivan la prolongación en el mercado laboral y obligan a cotizar durante más años para poder percibir la pensión completa. El objetivo francés es contener el déficit público por debajo del 3% del PIB, lo que a ojos de la Comisión es altamente improbable. Las movilizaciones francesas coincidirán el próximo martes con las austriacas en contra de tales medidas.

Casi todos los países de la UE acometieron ya en la última década del siglo XX reformas laborales y de pensiones para afrontar sus problemas económicos y demográficos con recortes de prestaciones. ¿Está verdaderamente en riesgo el modelo social europeo? En la Confederación Europea de Sindicatos, que preside el italiano Emilio Gabaglio, estaban esta pasada semana demasiado ocupados con el X Congreso Estatutario de finales de mes en Praga para responder a esta cuestión. La presión sindical tendrá que seguir limitándose, por el momento, a los ámbitos nacionales para impedir un posible retroceso.