La reforma de las pensiones en España, pendiente de las elecciones

Los partidos españoles han aparcado la renovación del Pacto de Toledo sobre pensiones donde afrontarán el envejecimiento de la población. Han optado por retomar ese debate tras los comicios del 25 de mayo y dejar las pensiones fuera de la pugna electoral. El Gobierno también ha aplazado una negociación que pretende cerrar sin un enfrentamiento con los sindicatos similar al del decretazo. En los borradores, se apunta una reforma para elevar el periodo de cálculo de las pensiones, con el objetivo de ir a toda la vida laboral.

Las personas mayores de 65 años aumentarán en España desde los 6,7 millones actuales hasta 11 millones en el año 2050 y, si no se soluciona el problema de la población activa (con una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, llegada de inmigrantes o mayor índice de natalidad), los jubilados alcanzarían el 32,5% del total de ciudadanos. Una relación entre activos (trabajadores) y pasivos (pensionistas) que no puede soportar ningún sistema de pensiones.

Los informes de la Seguridad Social, de los partidos y de los expertos fijan para el año 2015 el momento en el que el sistema de pensiones español empezará a recibir una avalancha de jubilaciones, con el retiro de las numerosas generaciones nacidas a finales de los años sesenta y setenta del pasado siglo, un proceso que se agudizará a partir del año 2030. Hasta entonces, prevén que se mantenga el superávit que el sistema disfruta en los últimos cinco años consecutivos.

Para evitar que el déficit ponga en peligro la viabilidad futura de las pensiones públicas, los partidos preparan las recomendaciones que el Gobierno deberá aplicar, continuidad de las del primer Pacto de Toledo con el que en 1995 todos los grupos políticos se comprometieron a defender la viabilidad del sistema público de reparto aplicando periódicamente los ajustes necesarios. Su objetivo es contener el gasto y la medida más importante incluida en los borradores ya elaborados es "avanzar en la contributividad", es decir que las pensiones se correspondan con las cotizaciones pagadas, mediante el aumento del número de años sobre los que se calcula la prestación, ahora situado en 15 años.

Paralelamente, abogan por aumentar los ingresos, una modificación que puede afectar sobre todo al régimen especial de autónomos para equiparar sus cotizaciones con las que pagan a la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena del régimen general. Un tercer frente de actuación consiste en poner en marcha incentivos para retrasar la edad real de jubilación (63 años), incluso más allá de la edad legal (65 años). Así se pretende atenuar el impacto que la mayor esperanza de vida provoca en que progresivamente los ciudadanos estén más años como jubilados (y cobrando prestación).

El aumento del periodo de cálculo de las pensiones, con el objetivo de llegar a toda la vida laboral, además de estar insinuado en los borradores de los partidos, figura en el pacto que firmaron en 2001 el Gobierno del PP, el sindicato CC OO y la patronal CEOE, que no suscribió UGT. El compromiso era revisar en 2003 ese periodo de cálculo, que ha tenido dos modificaciones en las que ha pasado de dos a ocho años, y de ocho a 15.

Una reforma que se presenta polémica y que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, prometió no abordar en esta legislatura, una vez que el Gobierno del PP sorteó el enfrentamiento que generó el decretazo de mayo de 2002, detonante de la huelga general del pasado 20 de junio.