El Gobierno y la Fiscalía impugnan 249 candidaturas "clonadas" de Batasuna

El Gobierno y la Fiscalía impugnaron ayer ante el Tribunal Supremo un total de 249 candidaturas electorales que consideran "clonadas" de Batasuna y pertenecientes al mismo entramado puesto en marcha por ETA para burlar el Estado de Derecho. El ministro de Justicia, José María Michavila, detalló que esas listas acogen a 1.500 miembros de la ilegalizada Batasuna, entre los que figuran 400 concejales y ex concejales, 40 alcaldes y 40 etarras, algunos de los cuales se encuentran aún presos. Según los recurrentes, la presencia de Batasuna en una candidatura la contamina por completo.

"La presencia de personas de los partidos disueltos contamina toda la candidatura"

AuB y las agrupaciones electorales son un proyecto para sustituir a la ilegalizada Batasuna

Los recursos contra las candidaturas proclamadas fueron presentadas a primera hora de la mañana ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, que acordó conceder un plazo de 24 horas -que finaliza a las tres de la tarde de hoy- para que los representantes de las listas afectadas presenten alegaciones. Del total de candidaturas impugnadas, 52 corresponden a Navarra, 31 a Álava, 77 a Guipúzcoa, y 89 a Vizcaya.

La Abogacía del Estado presentó un único recurso que agrupa la impugnación de todas las candidaturas y que propone la acumulación al presentado por el Ministerio Fiscal, que se dirige contra 243 listas electorales, seis menos que las impugnadas por el Gobierno.

El recurso de la Abogacía del Estado se basa en la propia sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna el 27 de marzo. Describe el origen de Batasuna como un "desdoblamiento" de la organización terrorista ETA, en 1977, para poder comparecer en las primeras elecciones democráticas y actuar como dinamizador de las fuerzas políticas. Antes de denominarse Batasuna el partido político de ETA se llamó Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, pero su línea común es que "siempre ha quedado confiado al grupo de personas que gozaban de la confianza estricta de la banda terrorista ETA", según apunta el recurso.

El escrito eleva los "desdoblamientos en el frente político-institucional" a la categoría de "estrategia de ETA" que se ha ido adaptando a cada circunstancia y concluye que las 249 candidaturas independientes que se impugnan ahora "son la consecuencia de la citada estrategia de ETA para participar en el juego electoral".

El recurso considera claves "el mantenimiento del grupo significativo y constante de responsables políticos a lo largo de la vida de los tres partidos y el mantenimiento de similares candidatos a los distintos procesos electorales". Es a lo que el ministro de Justicia, José María Michavila, llamó "clonación".

Las candidaturas que se impugnan "no son sino la consecuencia de la citada estrategia para presentarse a un nuevo proceso electoral, la continuación de la banda terrorista ETA en la vida política" afirma el abogado del Estado. Por eso se han detectado numerosos miembros de las candidaturas impugnadas que antes se han presentado a más de un proceso electoral en listas de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna y a miembros de ETA que también aparecen en las listas..

A lo largo de 128 folios, el recurso del abogado del Estado orienta su recurso a demostrar que la plataforma AuB y las agrupaciones electorales son herederas de Batasuna. Para ello, detalla lista por lista los miembros relacionados con los partidos ilegalizados y en algunos casos, los comportamientos de dirigentes bien significados como Arnaldo Otegi, Joseba Permarch o Joseba Álvarez, descritos en la sentencia de ilegalización.

El abogado del Estado apunta que desde hace meses el entramado etarra viene trabajando en las alternativas que les permitan no tener que "prescindir del brazo político de su acción terrorista".

La plataforma AuB, referente nacional, y las numerosas plataformas provinciales y locales creadas en el primer trimestre de 2003 son la concreción de dicho proyecto, con la particularidad de que ahora la "unidad popular" se fragmenta en múltiples plataformas para salir del paso en este concreto momento, argumenta la Abogacía del Estado.

"AuB y las agrupaciones provinciales y locales nacen y se multiplican para el mismo proyecto y de la misma mano. Un proyecto instrumental diseñado para sustituir a la ilegalizada Batasuna de forma que la ilegalización de ésta quede sin efecto en la práctica y para perpetuar el frente político institucional de ETA de un modo nuevo" añade. Se pone en marcha así "una operación de gran complejidad que exige la intervención de numerosos actores". Un proceso ideado, guiado y articulado por el partido y por los más significados líderes de su entorno.

"No hay, por tanto, ningún florecimiento espontáneo de miles de conciencias políticas que, desvinculadas por completo de ETA, su entramado y su proyecto caen simultáneamente en la necesidad de articular o apoyar nuevas formaciones políticas", ironiza el recurrente, sino que "quienes se resisten a acatar su ilegalización dirigen hasta el último detalle y en primera persona todo el proceso".

El recurso de la Fiscalía del Estado incide particularmente en que la presencia de una o más personas "limpias" no impide que toda la candidatura esté contaminada.

Según el fiscal, la inclusión de la "plataforma de notables", personas de relevancia social y sin vinculación estructural con la izquierda abertzale, pretende actuar como "paraguas de protección frente a cualquier actuación jurídica o política, de ahí que el proyecto se llame txapela metálica".

"Son las personas limpias de que hablan los informes policiales" prosigue el fiscal, quien, sin embargo, asegura que "la presencia de una o más personas procedentes de los partidos disueltos contamina toda la candidatura".

"No hay que olvidar, agrega, que se trata de formaciones políticas creadas ad hoc, no de la incorporación de dichas personas a partidos o formaciones ya constituidas, caso en que no sería razonable hablar de esa contaminación.

La Sala Especial del Supremo comenzará hoy a las cinco de la tarde las deliberaciones sobre los recursos y las alegaciones de las candidaturas impugnadas, y continuarán desde las ocho de la mañana del sábado hasta que concluyan esa misma noche. Habrá dos sentencias, que serán notificadas oficialmente el domingo. El ponente del recurso del Gobierno será el presidente del Supremo, Francisco Hernando, y el del recurso del fiscal, el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sierra.