El Gobierno, obligado a paralizar el proyecto de ley del Vino

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Vino, que según el Gobierno vasco pretende reordenar el sector y potenciar los vinos de calidad, deberá seguir un tiempo paralizada. La Comisión Arbitral ha puesto el freno de mano hasta que no resuelva el conflicto de competencias planteado por al Diputación Foral de Álava. Los alaveses acusan a Agricultura de apropiarse de las competencias para reestructurar los viñedos, con el objetivo de controlar el sector. De fondo, el PP y el PNV se disputan esa zona que genera el el 55% del valor de la producción final agrícola.

La Diputación de Álava no pide la retirada del proyecto de ley porque admite que no vulnera el Estatuto, pero sí entiende que se salta la regulación que hace sobre la materia la Ley de Territorios Históricos (LTH). El Gobierno foral alavés cree que se cambia la situación actual porque destruye buena parte de las competencias que tienen las diputaciones, que pasarían al Gobierno al centralizar buena parte del ordenamiento del sector. Álava ha pedido su opinión a la Comisión Arbitral, el organismo formado por siete juristas -tres propuestos por el Gobierno, otros tres por las diputaciones más el presidente del Tribunal Superior- que dirime todos los conflictos de competencias entre las instituciones vascas.

La Comisión únicamente dará su opinión y terminará levantando la suspensión cautelar del texto, pero eso sí, aclarará si este proyecto se salta la LTH o no. No obstante, aunque así fuera, la Comisión Arbitral debe dejar al Gobierno vasco la opción de retirar el proyecto o seguir adelante. Por tanto, es posible que siga su trámite parlamentario. Técnicamente, si se aprobara la ley tal y como está redactada ahora, tendría el mismo rango que la LTH y, por ser más nueva, predominarían sus criterios en materia vitivinícola.

Batalla política

La ley del Vino tiene un trasfondo político importante, por cuanto afecta a una zona, la Rioja alavesa, de constante disputa entre los nacionalistas y el PP. El sector vitivinícola supone el 55% del valor de la producción final agrícola vasca, con más de 12.000 hectáreas cultivadas en el año 2000, el 98% de ellas en territorio alavés. Euskadi produce 85 millones de botellas de vino al año y las bodegas de la Rioja alavesa facturan más de 320 millones de euros anuales. Esta ley también atañe a las tres denominaciones de origen de chacolí (Getaria, Vizcaya y Álava).

El Gobierno vasco entiende que el sector "precisa mejorar su organización interna, recogiendo en una norma general los principios reguladores de la misma actualmente diseminados en distintos decretos y órdenes tanto del Gobierno vasco como de las diputaciones". Por eso, el departamento de Gonzalo Sáenz de Samaniego -que hasta hace unos meses ejercía de alcalde de Samaniego, localidad de la Rioja alavesa-admite a que el objetivo es regular los órganos de gestión y control de los vinos de Euskadi".

Álava, en cambio, prevé otras consecuencias, como el final de los convenios para que Agricultura ejerza de puente para facilitar las ayudas de la Unión Europea al cultivo de viñedos. La aprobación del proyecto de ley supondría, según la Diputación, la derogación de hecho de esos convenios. Además, el gobierno foral teme que, al apoderarse Agricultura de las competencias para reestructurar los viñedos, tenga un control total sobre el sector.

Paralización

El recurso de la Diputación provocó la automática paralización de la tramitación del proyecto en el Parlamento. Ésta es la primera vez en que un texto de este rango queda en suspendido por esa razón. Aunque el Gobierno ha pedido que se levante, seguirá así mientras no se dicte una decisión al respecto, en unos meses.

Los grupos del PNV y EA también apoyaron el recurso en las Juntas de Alava. Los nacionalistas explican que lo respaldaron para expresar su deseo de que sea la Comisión Arbitral la que decida sobre el conflicto. El PNV asegura que la consejería de Agricultura ha ofrecido a la Diputación alavesa la posibilidad de retirar los apartados más polémicos de la ley. No obstante, el litigio sigue su curso en la Comisión Arbitral porque no ha habido ningún acuerdo. En el conflicto, se ha abierto la posibilidad de que las otras diputaciones presenten alegaciones, tanto a favor del Gobierno como de Álava. La Diputación de Vizcaya ya ha expresado su opinión.